Adorni bajo la lupa: la Justicia busca abrir el sobre con las claves de sus criptomonedas

El fiscal federal Gerardo Pollicita prepara una serie de medidas para poner a prueba la justificación de bienes que presentó el exjefe de Gabinete Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Entre las principales, busca que el juez federal Ariel Lijo autorice la apertura de un sobre lacrado con las claves privadas de las cuentas en criptomonedas que el exfuncionario entregó a su abogado.

El objetivo es corroborar la trazabilidad de los fondos. Pollicita le reclamó a Adorni que justifique su patrimonio porque, según su cálculo, desde que asumió como funcionario tuvo ingresos por $229.752.283,20, incluidos su sueldo y el de su esposa, Bettina Angeletti, pero registró gastos por $272.820.832,20 más 402.578,12 dólares.

En su presentación, Adorni sostuvo que realizó una inversión de US$200.000 y varias operaciones con criptomonedas que le permitieron ahorrar casi 600.000 dólares. Afirmó que los conservó durante años en su casa, “como si no existieran”, y que empezó a gastarlos cuando se convirtió en funcionario.

La fiscalía trabaja sobre un peritaje de las ocho direcciones de bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justificó 591.544 dólares que después convirtió en efectivo. La defensa entregó las claves privadas en un sobre lacrado que todavía no se abrió y que está en el Anexo III de su escrito.

Para eso, Pollicita le encargó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), del Ministerio Público Fiscal, que analice la versión de la defensa. La primera medida sería designar un perito que reconstruya las operaciones en la blockchain y establezca si Adorni era el dueño de esas direcciones cuando se hicieron los movimientos, y no solo si hoy puede acceder a ellas.

El Anexo III es la escritura 283, folio 855, del escribano Flavio Murruni, fechada el 7 de septiembre de 2026, que el escrito presenta como “de acreditación de titularidad y control” de las direcciones cripto. Adorni ingresó a cada una de las ocho billeteras con su clave privada y firmó un mensaje en cada una, y el escribano dejó constancia de esas firmas. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, sostiene el abogado de Adorni, Matías Ledesma.

En la fiscalía evalúan que sea el propio Ledesma quien abra el sobre, en un acto registrado en video y con autorización del juez Lijo. El problema, para los investigadores, es de fechas: el acta es de septiembre de 2026 y prueba quién controla hoy las claves, pero no quién las controlaba en 2014.

El escrito identifica las ocho claves públicas y lo que cada una habría producido. Una sola concentra casi la mitad del total, unos 296.785,40 dólares. Según la defensa, las direcciones registraron actividad únicamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, y hoy no tienen saldo.

Adorni dijo que con su esposa reunieron ahorros por fuera del sistema bancario, cobrando honorarios profesionales en negro y sumando parte de una herencia. En 2014 hicieron compras iniciales por 1897,20 dólares; en 2017 volcaron el grueso de la inversión, 199.883,20 dólares, “más del 99%” del capital. Compraban y vendían criptoactivos en encuentros personales, en lugares públicos, pagando en efectivo y “sin que ninguna de las partes se identificara”, dice el escrito. Para la compra “no existe otro respaldo que el relato”, reconoce la defensa.

Un análisis de especialistas en criptomonedas estableció que una de las operaciones que se dijeron “cara a cara” se realizó cuando Adorni contó en su cuenta de X que estaba en Chile. Ese dato por sí solo no impide que el intercambio se haya hecho en ese país y que el exfuncionario haya reingresado con los dólares en efectivo, sobre todo porque se trató de una operación por menos de 2000 dólares.

Si las explicaciones no satisfacen al fiscal, podría pedirle a Lijo que llame a Adorni a prestar declaración indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito.