California: el ICE usa las licencias CDL para detener a camioneros migrantes
El DMV canceló unas 13.000 licencias comerciales no domiciliadas y 22 estados, entre ellos California, litigan contra el DHS por los datos de los conductores

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detiene a camioneros migrantes en estaciones de pesaje, áreas de descanso y paradas de transporte de California y otros puntos de Estados Unidos, donde revisa licencias comerciales (CDL), documentos de identidad y estatus migratorio. La nueva regla federal para las CDL no domiciliadas dejó sin validez a miles de permisos y alimenta los operativos en las rutas.
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California canceló cerca de 13.000 CDL no domiciliadas emitidas bajo reglas anteriores. También interrumpió renovaciones, duplicados, correcciones y transferencias, mientras las solicitudes nuevas siguen bajo condiciones específicas.
La modificación la impulsó la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa). Desde el 16 de marzo, solo determinados trabajadores con visas H-2A, H-2B o E-2 pueden acceder a este permiso o renovarlo. El documento de trabajo conocido como EAD dejó de ser suficiente por sí solo para acreditar la elegibilidad, por lo que quedaron fuera de los nuevos criterios las personas con DACA, los solicitantes de asilo con casos pendientes, los asilados y los refugiados.
La regulación también cambió la vigencia: los permisos pueden otorgarse por un máximo de un año o por el tiempo que determine la documentación verificada mediante el sistema SAVE o el formulario I-94, lo que ocurra primero. Los trámites deben hacerse en persona y exigen documentación migratoria vigente. El dominio del inglés forma parte de los controles y las autoridades federales aumentaron las auditorías sobre ese requisito.
El conflicto también alcanza los datos personales de los conductores. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pidió acceso a los registros de unos 17 millones de conductores comerciales almacenados en la base interestatal de la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (Aamva). California y otros 21 estados cuestionaron la exigencia en la Justicia.
El gobernador Gavin Newsom y el DMV participaron de la acción para frenar la transferencia masiva de información y sostener las normas estatales de privacidad. Un juez federal bloqueó el requerimiento de forma temporal. La pulseada se suma a otros frentes abiertos por los operativos del ICE en California y por el alcance de las audiencias de fianza para detenidos.
Desde el DMV plantearon además una preocupación por la seguridad vial. Kristin Triepke, responsable de políticas de licencias de la agencia, señaló que el temor a que los datos de los conductores se compartan con autoridades migratorias podría llevar a algunas personas a conducir sin permiso.
Los operativos del ICE se apoyan en esa situación. Durante las intervenciones, los agentes pueden pedir la licencia, documentos de identidad y comprobantes del estatus migratorio. Cuando una CDL fue cancelada, expiró o no cumple con las nuevas condiciones federales, el conductor queda impedido de seguir manejando comercialmente.
La denominada Operation Highway Shield incluyó controles de ese tipo. En su segunda fase, entre el 28 y el 30 de julio, las autoridades informaron el arresto de 51 inmigrantes indocumentados y la puesta fuera de servicio de 766 conductores y vehículos.
El gobierno federal sostuvo que las modificaciones buscan combatir irregularidades y mejorar la seguridad en las rutas. La disputa judicial por las nuevas reglas de la CDL sigue abierta y convive con el litigio por los datos personales, que afecta a conductores de todo el país.
Por qué importa
Miles de camioneros migrantes que dependen de la CDL para trabajar quedaron con permisos cancelados o sin posibilidad de renovarlos. A la vez, la pelea por los datos personales define si el DHS puede acceder a registros de conductores de todo el país.
Qué sigue
La disputa judicial por la regla de la CDL y el litigio por los 17 millones de registros siguen en tribunales. El próximo hito es la resolución sobre el bloqueo temporal que frenó el pedido del DHS a la base de la Aamva.
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