California multa con hasta US$10.000 a empleadores que amenacen por el estatus migratorio

Los empleadores de California que usen el estatus migratorio percibido de una persona para amenazarla, tomar represalias o impedirle ejercer sus derechos laborales enfrentarán multas de hasta US$10.000 por cada infracción y por cada trabajador afectado. La medida quedó establecida con la firma de la AB 2495 por parte del gobernador Gavin Newsom el 29 de septiembre.

La norma modifica la Sección 1019 del Código Laboral de California y fija una serie de conductas que pasan a considerarse prácticas laborales ilícitas. El dinero de la sanción se entrega directamente a la persona afectada.

Entre las conductas prohibidas figura amenazar con contactar a las autoridades migratorias o hacerlo con el propósito de tomar represalias o desalentar a alguien de ejercer sus derechos. También quedan contempladas las amenazas de presentar denuncias falsas ante organismos estatales o federales, y la presentación efectiva de reportes policiales falsos usados como mecanismo de intimidación vinculado al estatus migratorio percibido.

La ley suma una categoría más amplia: se consideran prohibidas aquellas acciones relacionadas con el estatus percibido que razonablemente puedan desalentar a una persona de ejercer un derecho laboral o presionarla para hacer algo contra su voluntad.

En materia de documentación, los empleadores no pueden exigir permisos adicionales o distintos de los establecidos por la normativa federal para el formulario I-9 ni rechazar aquellos que aparenten ser legítimos. La legislación también pone límites al uso del sistema federal E-Verify: un empleador puede ser sancionado cuando lo utiliza para comprobar la autorización laboral en circunstancias o de una manera que no esté exigida o permitida por la ley federal o por los acuerdos correspondientes.

Las consecuencias no se agotan en la multa civil. Las licencias comerciales del establecimiento también pueden quedar alcanzadas: un tribunal puede ordenar su suspensión por un máximo de 14 días ante una primera infracción, 30 días ante una segunda y hasta 90 días en una tercera falta o posteriores.

La norma incorpora además una presunción de represalia. Si una de las conductas prohibidas ocurre dentro de los 90 días posteriores a que una persona haya ejercido sus derechos laborales, se presume legalmente que existió una acción de represalia.

La protección no se limita a quienes tienen un puesto de trabajo en la actualidad. La definición incluye a empleados en actividad, personas que buscan empleo y exempleados, por lo que las disposiciones pueden alcanzar situaciones ocurridas durante un proceso de contratación, mientras existe la relación laboral o después de que esta terminó.

La legislación establece además que la situación migratoria real de la persona resulta irrelevante para determinar la responsabilidad civil o la existencia de una infracción. El foco está puesto en las conductas basadas en el estatus percibido. En esa línea, la norma se suma a otras iniciativas del estado en materia migratoria, como los centros de detención comprados por el DHS y el programa que paga hasta US$10.000 a estudiantes inmigrantes.

“California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en materia de control migratorio en nuestro estado”, dijo Newsom en un comunicado. “Se trata de asumir la responsabilidad donde el gobierno federal ha fallado a nuestras comunidades”, agregó.