Nueva tarifa de US$103.265 para visas H-1B: a quiénes afecta y qué pasa con el EAD

El gobierno de Donald Trump propuso establecer una tarifa de 103.265 dólares para determinadas solicitudes de la visa H-1B, destinada a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. La medida no afecta a quienes poseen el Documento de Autorización de Empleo (EAD) ni a quienes quieren tramitarlo desde otro estatus migratorio.

El cargo se aplicaría únicamente a las peticiones H-1B sujetas al límite anual, tanto el cupo general como el reservado para graduados de posgrado de universidades estadounidenses. El trabajador no pagaría directamente: la obligación recaería sobre el empleador que presenta el formulario I-129.

Quedarían excluidas las solicitudes presentadas por instituciones de educación superior, organizaciones de investigación sin fines de lucro y entidades gubernamentales de investigación. La propuesta fue impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y firmada por su secretario, Markwayne Mullin.

El vicepresidente J.D. Vance defendió la iniciativa: “Queremos empresas que contraten estadounidenses y que inviertan en comunidades estadounidenses”, dijo en una conferencia el lunes 24 de agosto. La administración sostiene que la medida busca proteger el empleo local y financiar el sistema migratorio.

La propuesta surge tras un antecedente judicial: en junio, el Tribunal de Distrito de Massachusetts anuló una guía para implementar un cargo anterior de US$100.000, establecido por la Proclamación Presidencial 10.973. El caso, State of California v. Mullin, fue apelado por el DHS, pero el Primer Circuito rechazó el reclamo en julio.

El DHS calcula que el nuevo sistema de recuperación de costos podría generar alrededor de 8.800 millones de dólares anuales. La tarifa se fundamenta en la sección 286(m) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite fijar cargos para recuperar gastos gubernamentales.

La iniciativa aún debe completar el proceso regulatorio federal antes de convertirse en obligación definitiva. El gobierno mantiene su intención de cobrar el importe si la medida judicial que lo impide fuera levantada.