Pensilvania debate una ley que exige inglés y estatus legal para licencias comerciales

Pensilvania analiza un proyecto de ley que endurecería los requisitos de idioma y de estatus migratorio para obtener licencias de conducir comerciales (CDL) y permisos comerciales de aprendizaje (CLP). Se trata de la SB 1295, aprobada por el Senado estatal el 6 de mayo y que desde entonces permanece bajo consideración de la Cámara de Representantes.

La iniciativa fue presentada el 17 de abril por la senadora republicana Judith Ward, junto con Camera Bartolotta, Kristin Phillips-Hill, Scott Hutchinson, Wayne Langerholc, Patrick Stefano, Scott Martin y Lisa Baker. El Comité de Transporte del Senado la aprobó el 21 de abril por 10 votos contra cuatro y el Comité de Asignaciones la respaldó el 6 de mayo por 14 contra ocho. Ese mismo día, el pleno del Senado la avaló por 32 votos contra 18.

Según el texto de la Asamblea General de Pensilvania, la norma fija un estándar específico de dominio del inglés para conducir vehículos comerciales en el estado. El solicitante deberá leer y hablar el idioma con un nivel suficiente para conversar con el público, comprender señales de tránsito, responder consultas oficiales y completar informes y registros.

El proyecto también modifica las pruebas para obtener estas credenciales. El examen de conocimientos pasaría a administrarse en inglés, tanto en su versión escrita como oral. La legislación vigente contempla exámenes en inglés y español, pero la propuesta elimina la referencia a la versión en español y tampoco permite el uso de intérpretes.

Durante la prueba práctica, el examinador tendría que confirmar que el titular del permiso comercial de aprendizaje cumple con el estándar lingüístico. La misma condición se aplicaría para determinadas exenciones de los exámenes y para la aceptación de pruebas realizadas en otros estados.

La SB 1295 además introduce requisitos para las CDL y CLP denominadas “nondomiciled”, destinadas a personas domiciliadas en una jurisdicción extranjera. Para acceder a ellas, el solicitante tendría que contar con estatus migratorio legal en Estados Unidos y presentar documentación que lo acredite.

Antes de emitir, transferir, renovar o actualizar estas credenciales, el Departamento de Transporte debería verificar esa documentación mediante el sistema Systematic Alien Verification for Entitlements. Si después recibe información del gobierno federal que indique que el titular ya no posee estatus migratorio legal, tendría que iniciar el procedimiento para rebajar la categoría de la licencia o permiso.

Estos trámites deberían realizarse únicamente de manera presencial. La vigencia de la CDL o CLP no podría superar la fecha de vencimiento de la estadía autorizada, la de la documentación migratoria o un año, lo que ocurra primero. Estas credenciales tampoco podrían emitirse como REAL ID.

El texto incorpora sanciones para quienes conduzcan un vehículo comercial sin reunir las condiciones lingüísticas previstas. El conductor quedaría impedido de continuar al volante dentro del estado y, si fuera propietario de la unidad, las autoridades podrían incautar la matrícula e inmovilizar el vehículo.

Para recuperar la placa debería abonar un cargo de procesamiento de US$500. La propuesta también establece una multa de US$3000 por cada infracción para el empleador cuyo conductor resulte condenado bajo estas disposiciones. La misma cantidad podría aplicarse a un contratista principal cuando el infractor sea un subcontratista.

Si el proyecto se convierte en ley, la modificación que establece el examen de conocimientos en inglés entraría en vigor de inmediato. Las demás disposiciones comenzarían a regir 60 días después. El texto también aclara que, ante un conflicto entre estas normas estatales y una ley o regulación federal, prevalecería la disposición federal.