Piden procesar a dos camaristas federales de Córdoba por manipular la integración de un tribunal

Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian pidieron el procesamiento de los camaristas Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Además, en una nueva requisitoria presentada el jueves, solicitaron el arresto domiciliario para Sánchez Torres.

La causa, que tramita ante el juez Alejandro Sánchez Freytes, incluye dos hechos. El primero se refiere a una presunta maniobra para alterar la integración del tribunal en el caso Bunge, de evasión tributaria, que involucra los expedientes Padilla y Humanes. Según la acusación, en julio de 2023, Montesi y Sánchez Torres habrían acordado intervenir ambos en esa causa, privando de jurisdicción a los jueces que legalmente debían subrogar.

El segundo hecho surge de la denuncia de Celina Laje Anaya, ex secretaria de Sánchez Freytes, quien acusó al camarista de maltrato y violencia laboral sistemática, en represalia por haberse negado a certificar la integración ilegal de la Sala. En esa investigación, Sánchez Freytes otorgó medidas de protección para el secretario del tribunal, Francisco Juárez Rouvier, testigo de Laje Anaya.

Al declarar, Sánchez Torres negó los hechos y se abstuvo de prestar declaración, aunque se reservó el derecho de hacerlo más adelante. Luego presentó un memorial de descargo, donde defendió que la integración irregular fue un error corregido de inmediato y negó haber ejercido violencia. Montesi, por su parte, no controvirtió la descripción objetiva del hecho, pero negó que su actuación haya sido una maniobra delictiva, atribuyéndola a una práctica habitual de recirculación de expedientes.

La semana pasada, el abogado Claudio Orosz presentó una nueva denuncia contra los camaristas por presunta manipulación en la conformación del tribunal en una causa contra gremialistas de Luz y Fuerza. Los fiscales deberán decidir si la incorporan a la investigación principal.