Presupuesto 2027: gobernadores buscan precisiones por fondos y reforma electoral

Los gobernadores provinciales buscan precisiones sobre el Presupuesto 2027 y los fondos que recibirán el año próximo, en medio de una negociación con la Casa Rosada que avanza en paralelo a la discusión por la reforma electoral. Los mandatarios quieren saber cuánto dinero llegará, bajo qué mecanismos, qué partidas quedarán garantizadas por ley y cuáles seguirán dependiendo de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo.

La mayoría de los gobernadores se reunirá el 16 de octubre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) durante una cumbre de logística que servirá para intentar fijar un frente común sobre los puntos que se debatirán en el Congreso.

En el oficialismo, el secretario de Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones para conseguir votos, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aparece menos optimista en el Senado. Los libertarios no cuentan con los votos de sus aliados habituales para eliminar las PASO, aunque sí tendrían el número para suspenderlas.

La clave pasa por los acuerdos políticos de cara a las elecciones 2027. A los gobernadores dialoguistas les interesa saber cómo jugará La Libertad Avanza en sus distritos, mientras que la prioridad de la mesa política de la Casa Rosada es garantizar la reelección del presidente Javier Milei.

La presentación del presupuesto comenzó con tensiones. Los gobernadores presionaron para que se retiraran los artículos que menoscababan las prestaciones de discapacidad, y el Gobierno cambió su posición sobre la ley de Discapacidad. Además, mantuvo los artículos centrales de la prórroga de la emergencia, impulsada por los bloques más críticos, y logró un dictamen de mayoría en Diputados, aunque la desconfianza persiste.

Otro punto caliente es la intención del Poder Ejecutivo de eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que paga la Anses. Desde 2015, la Ley 27.160 vincula la movilidad de la AUH, la AUE y todas las asignaciones familiares con el índice de precios. Si el presupuesto sale como fue presentado, las eventuales mejoras pasarían a depender de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

El financiamiento universitario constituye otro frente de tensión. Los gobernadores lo consideran un tema de impacto social y no quieren aparecer votando en contra. El tucumano Osvaldo Jaldo ya pidió que esas partidas sean corregidas y adecuadas a las necesidades planteadas por los rectores a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La cita en el CFI, aunque sea por logística, funciona históricamente como centro de coordinación entre las provincias para diferentes reclamos. El año pasado surgieron allí los proyectos consensuados para cambiar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y reformular la distribución de los recursos derivados del impuesto a los combustibles.

Según el proyecto diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo, las transferencias automáticas a las provincias crecerían 7,5% real, pero las de capital caerían 20%. La contracara es el aumento de partidas bajo administración discrecional del Tesoro. El proyecto contempla $1,9 billones para el Fondo de ATN, pero no establece el mecanismo de distribución automática que reclaman los gobernadores.

La obra pública vuelve a ser un frente de conflicto. Las provincias cuestionan que la iniciativa reduzca el peso de la inversión nacional en infraestructura, casi paralizada desde 2023, al mismo tiempo que deben hacerse cargo de buena parte de esas tareas. Las transferencias de capital a los estados subnacionales cayeron: entre enero y julio de 2026 fueron aproximadamente $0,5 billones, 52% menos en términos reales que en igual período de 2025.

El proyecto condiciona los beneficios fiscales para obras y concesiones viales a que las provincias eliminen los impuestos a los Ingresos Brutos y de Sellos. Cada gobernador debe decidir si resigna recaudación distrital a cambio de obras, pero Ingresos Brutos es la principal fuente de recursos propios para las provincias.

A través de convenios con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses, la Nación transfirió obras y quienes las reciben deben hacerse cargo de su ejecución o mantenimiento con recursos propios. El proyecto también habilita financiamiento y contempla avales del Tesoro para algunas jurisdicciones, mecanismos que pueden facilitar el acceso al crédito.

El gobernador cordobés Martín Llaryora habilitó un tramo de 7,1 kilómetros que conecta las rutas Provincial 4 y Nacional 9 en Villa María, con una inversión de $15.690 millones, y reclamó que los recursos provenientes de las retenciones vuelvan al interior productivo en infraestructura. "Estas obras las tendría que hacer la Nación con las retenciones que se llevan. Tendríamos que estar llenos de obra en el interior productivo", expresó.

La pulseada por las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación también continúa. El proyecto asigna $503.325 millones para atender el déficit de esos sistemas previsionales.