Plan demócrata para reformar la Corte Suprema de EE.UU. y el rol de las midterm

Un grupo de centroizquierda de Estados Unidos presentó el 1° de octubre una propuesta para reformar la Corte Suprema: limitar a 18 años el servicio activo de los magistrados y establecer un código de ética obligatorio. La iniciativa de Third Way busca instalarse en el debate del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2028, aunque su avance en el Congreso depende de las mayorías tras las elecciones de medio término.

El esquema establece que solo los nueve jueces nombrados más recientemente participarían en los casos de apelación provenientes de tribunales inferiores. Después de 18 años, cada magistrado pasaría a un estatus sénior hasta su retiro y conservaría funciones para determinados asuntos de jurisdicción original.

Con ese sistema se habilitaría el nombramiento de dos magistrados durante cada mandato presidencial de cuatro años. Third Way plantea así un ciclo regular para las designaciones en el máximo tribunal, una idea que ya circula entre sectores demócratas.

Lanae Erickson, vicepresidenta sénior del grupo, explicó que la iniciativa debería ocupar un lugar en la próxima contienda presidencial. “Este es uno de esos temas que creemos que pueden y deben formar parte del debate de 2028”, señaló. Además, sostuvo que a los candidatos se les debería preguntar si defenderían una reforma del máximo tribunal.

La propuesta coincide con posiciones expresadas por distintos sectores demócratas. En junio de 2026, varios líderes del partido en la Cámara de Representantes, incluido el Caucus Progresista del Congreso, difundieron una resolución que reclamaba límites de mandato para los magistrados y un código de ética.

El respaldo público a los límites de mandato es amplio. Un análisis del Brennan Center for Justice, basado en nueve encuestas nacionales realizadas entre 2020 y 2023, situó el apoyo en aproximadamente el 73%. Entre los demócratas alcanzó el 84% y entre los republicanos, el 61%. Una encuesta de julio de 2024 registró, por su parte, un 78% de apoyo a un mandato de 18 años y un 81% a una edad obligatoria de retiro.

El segundo componente apunta a crear por ley un sistema de supervisión y cumplimiento de las normas éticas. La Corte Suprema adoptó en noviembre de 2023 su primer código formal de conducta, pero Third Way propone incorporar mecanismos externos para controlar posibles infracciones.

El plan contempla reglas sobre la recepción de regalos y la divulgación de ingresos, reembolsos o viajes de los magistrados y su personal. También plantea un procedimiento para las recusaciones, con circunstancias definidas para apartarse de un caso y explicaciones escritas sobre esas decisiones. Además, propone que el Congreso autorice una comisión independiente encargada de investigar posibles violaciones éticas.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Hakeem Jeffries, manifestó en septiembre su respaldo a una “reforma drástica” de la Corte. Entre sus primeros componentes ubicó un código de ética para que los magistrados no actúen “por encima de la ley”.

Third Way se distancia de otra alternativa respaldada por algunos demócratas: aumentar la cantidad de magistrados de la Corte Suprema. Erickson describió esa posibilidad como “un camino de destrucción mutua asegurada”, por el riesgo de que los partidos intenten ampliar sucesivamente el número de integrantes cuando cuenten con capacidad política para hacerlo.

El análisis del Brennan Center también muestra diferencias en el respaldo público entre las reformas. Mientras los límites de mandato superaron el 70% en las encuestas examinadas, la ampliación del número de magistrados quedó entre las alternativas que no alcanzaron apoyo mayoritario.

Las elecciones de medio término de 2026 definirán la composición de la Cámara de Representantes y del Senado, una de las condiciones que incidirán en el recorrido de cualquier legislación sobre la Corte Suprema. Third Way reconoce que el margen para aprobar una reforma en el Congreso es reducido sin mayorías en ambas cámaras y el control de la Casa Blanca. El resultado de las midterm podría modificar la situación legislativa, pero no determinar por sí solo que la propuesta avance.

La discusión se da en un contexto de presión sobre el tribunal: el caso del TPS para venezolanos volvió a la agenda de la Corte y las midterms condicionan el debate migratorio en el país.