Justicia de EE.UU. limita operativos del ICE en la previa de las elecciones del 3 de noviembre

La Justicia federal de Estados Unidos impuso límites a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vinculados con la elegibilidad de los votantes antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. La medida alcanza a California y otros ocho estados y rige hasta el cierre de los centros de votación, según las versiones periodísticas difundidas.

El fallo fue dictado el 21 de octubre por la jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California. La resolución estableció límites a los interrogatorios y a las investigaciones de campo cuando las personas involucradas sean, puedan ser o deban ser consideradas razonablemente ciudadanos estadounidenses.

La orden comprende a funcionarios, agentes, empleados, abogados y otras personas que actúen en coordinación con las dependencias demandadas. Su vigencia está prevista hasta las 20 (hora local) del 3 de noviembre, cuando cierran los centros de votación, salvo que el tribunal disponga otra cosa.

La decisión respondió a una demanda presentada por organizaciones civiles, representantes de trabajadores de la salud y autoridades locales, que cuestionaron las prácticas del gobierno federal para detectar posibles casos de fraude electoral. Los demandantes sostuvieron que esos procedimientos podían afectar a ciudadanos habilitados para votar y desalentar su participación.

Uno de los ejes del fallo fue la información usada para identificar a posibles infractores. De acuerdo con los antecedentes de la causa, las autoridades federales recopilaron más de 98 millones de registros de distintas procedencias, incluidos padrones y bases de datos comerciales, procesados con herramientas de inteligencia artificial del sistema iLab. La jueza advirtió sobre coincidencias de nombres, errores administrativos e información desactualizada, y señaló que la ausencia de una base federal única que certifique la ciudadanía dificulta determinar quién reúne los requisitos para votar.

En paralelo, una coalición de organizaciones de derechos civiles presentó el 18 de septiembre una demanda federal para impedir que el gobierno despliegue agentes del ICE y otros efectivos federales en los centros de votación o cerca de ellos durante los comicios. La presentación reúne a nueve organizaciones que representan a comunidades inmigrantes y trabajadores.

El 23 de octubre, un tribunal federal consolidó esa demanda con otras dos causas relacionadas, presentadas por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y organizaciones vinculadas al Comité de Campaña Senatorial Demócrata. La decisión unificó los litigios, pero no equivale a una prohibición judicial de los operativos. El contexto de fondo incluye el acceso del ICE a registros electorales y el temor de las comunidades migrantes, temas que siguen marcando la previa electoral en Estados Unidos.

Las organizaciones que impulsan la acción judicial sostienen que la presencia de fuerzas federales podría intimidar a los electores latinos y a otras minorías, además de entrar en conflicto con las normas que protegen la participación electoral. La controversia se desarrolla mientras avanza la votación anticipada para los comicios del 3 de noviembre.

El debate también se apoya en la Voting Rights Act, que prohíbe explícitamente cualquier tipo de intimidación en el proceso electoral. Según pudo saberse, la causa incluye cuestionamientos al tiempo asignado para revisar cada caso: en la fase intensiva de las investigaciones, los agentes debían procesar al menos 40 personas por turno, con un máximo de 12 minutos para el análisis.