María Elvira Salazar anticipa una reforma migratoria en EE.UU. antes del fin del mandato de Trump

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar afirmó que Estados Unidos podría aprobar una reforma migratoria antes de que Donald Trump termine su mandato. Lo dijo durante un evento en Miami, donde presentó los alcances de la llamada “visa Dignidad”, un mecanismo que regularizaría a parte de los inmigrantes que hoy viven sin autorización.

La expectativa, según la legisladora, se apoya en las conversaciones que mantuvo con el propio presidente. Su propuesta central es la Ley Dignidad, un proyecto que busca que determinados inmigrantes indocumentados puedan trabajar legalmente y viajar sin quedar expuestos a una deportación por su condición migratoria.

“No les da ciudadanía, pero a la misma vez permite que se queden con una visa Dignidad”, explicó Salazar ante los medios presentes en el encuentro. Para la congresista, esa distinción permitiría avanzar hacia un acuerdo que combine las necesidades del mercado laboral con mayores controles migratorios.

El argumento económico es el eje de su estrategia. Según sus declaraciones, cinco sectores —entre ellos agricultura, construcción, salud, hostelería y producción de alimentos— representan actividades vinculadas con el 20% del producto interno bruto estadounidense. La legisladora considera que esa dependencia debe formar parte de cualquier discusión sobre inmigración.

“Yo sé que esto se está hablando y que antes de que se vaya Trump va a haber una reforma migratoria que habrá resuelto un problema de 40 años. Si alguien lo puede hacer es Trump”, sostuvo Salazar. El respaldo a una salida legislativa también apareció en un mensaje que difundió en sus redes el 17 de septiembre, cuando cuestionó el alcance de las medidas de control migratorio de la actual administración.

El proyecto contempla un programa de siete años para inmigrantes indocumentados que hayan residido en el país durante más de cinco años y que hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2020. Los aspirantes deberán superar controles de antecedentes penales y mantener sus obligaciones tributarias al día. Además, tendrán que pagar 7000 dólares en concepto de restitución durante ese período, dinero que se destinaría al American Worker Fund, un fondo para capacitación y reconversión laboral de trabajadores estadounidenses.

Durante la participación en el programa, los beneficiarios podrían obtener protección frente a la deportación, autorización para trabajar y permiso para viajar fuera del país. La propuesta también los excluye del acceso a subsidios y beneficios federales financiados con fondos públicos. Al completar los siete años, quienes cumplan las condiciones podrían acceder al denominado Estatus Dignidad, un permiso renovable de manera indefinida que no constituye una vía automática hacia la ciudadanía ni concede la residencia permanente.

La Ley Dignidad también propone cambios en los controles laborales y fronterizos. Entre ellos figuran la implementación obligatoria de E-Verify para comprobar si los trabajadores están autorizados, la ampliación de la infraestructura fronteriza, la incorporación de tecnología de vigilancia y el aumento de sanciones contra las redes de tráfico de personas. En materia de asilo, plantea eliminar la política conocida como catch-and-release y establecer centros de procesamiento en la frontera, llamados Campus Humanitarios, donde las solicitudes se resolverían en un plazo máximo de 60 días.

La iniciativa incluye además medidas para los jóvenes amparados por DACA, con un estatus legal condicional de diez años y una vía para solicitar la residencia permanente. Asimismo, contempla cambios en el sistema de visas familiares y laborales para reducir demoras y modificar los límites de asignación por país.

El debate sobre los controles migratorios en Estados Unidos atraviesa también otras normas que afectan a los trabajadores migrantes, como las detenciones del ICE en las rutas y los requisitos que evalúa el perdón migratorio I-601A antes de la residencia.