Sánchez anuncia un plan para frenar los desalojos en España hasta 2030

El gobierno de Pedro Sánchez anunció este martes un plan para paralizar los desalojos en España hasta 2030, en medio de masivas protestas tras el desalojo de una jubilada madrileña de 87 años. Miles de personas acampaban en la Puerta del Sol en reclamo de respuestas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, comunicó en redes sociales las medidas acordadas bajo la figura del “Decreto Maricarmen” en el Consejo de Ministros, que reúne a la coalición de gobierno y que ahora deben pasar por el Congreso. Según el diario El País, la votación legislativa tendrá lugar este mismo viernes.

Se trata de un paquete de medidas sobre la vivienda exigido por el Sindicato de Inquilinas y plataformas sociales en España, tras masivas protestas y acampadas (como la de la Puerta del Sol en Madrid, que sigue activa) motivadas por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de un piso en Madrid tras vivir de alquiler durante 70 años.

Como parte de las medidas, se anunció una prórroga ampliada de los contratos de alquiler en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028, regulación de temporada y habitaciones, desahucios parados hasta 2030 y prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre. Además, en el gobierno se alcanzó un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo decreto.

“Es el momento de intervenir en el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y fondos buitre. Gracias a las movilizaciones y las acampadas. Sin vosotras esto no hubiera sido posible”, fue el mensaje de la ministra García que cerró el anuncio esperado por los cientos de manifestantes.

El anuncio llegó mientras decenas de personas se manifestaban en un acampe en la Puerta del Sol, a pesar de que la Comunidad de Madrid le dio un plazo de 48 horas a la Delegación del Gobierno para que desaloje la plaza. Este tipo de reclamo derivó en que se detuviera un nuevo desalojo a pocos metros de allí, según consignó el diario local El Mundo.

Grave crisis de vivienda en España

España, al igual que muchos otros países europeos, atraviesa una grave crisis de vivienda, en un momento en que los precios de los inmuebles se disparan y los alquileres suben más rápido que el crecimiento de los salarios reales debido al lento ritmo de construcción de viviendas, que no logra satisfacer la demanda.

El país tuvo dificultades para alcanzar el ritmo de construcción de viviendas que tenía antes de la crisis financiera de 2008, y el déficit de unos 750.000 inmuebles aumentará hasta superar el millón en 2028, según el Banco de España, casi el doble que en Italia.

Dado que cada vez hay menos personas que pueden permitirse comprar una vivienda, el alquiler aumentó, lo que ejerce presión sobre el mercado, al igual que el auge del turismo. El precio medio del alquiler, de 1176 euros (1337 dólares), equivale aproximadamente al 98,7% del salario medio mensual en España, según el Consejo de la Juventud de España.

Los problemas de España tienen su eco en otras ciudades de Europa. El partido alemán La Izquierda (Die Linke) ganó este mes las elecciones regionales de Berlín, prometiendo que haría asequible la vivienda y nacionalizaría las asociaciones de vivienda privadas.

Una ley aprobada en España durante la pandemia de Covid-19 para proteger a los inquilinos vulnerables expiró en marzo, después de que los partidos de la oposición rechazaran su prórroga.

Debido a ello, las asociaciones de defensa de inquilinos reclamaban la renovación automática de los contratos de alquiler, similar a los contratos de alquiler indefinidos que ya existen en Holanda, Austria y Alemania, así como una medida en Reino Unido para prohibir el desahucio de inquilinos sin justificación.

Si un propietario no puede justificar la no renovación de un contrato, tendría que indemnizar al inquilino con un mes de alquiler por cada año que este haya vivido en la vivienda, en caso de que aun así quisiera desalojarlo. También reclaman medidas legales para detener los desahucios, la regulación de los contratos de alquiler por habitaciones y una congelación de los alquileres.