España: el gobierno de Sánchez aprobó decretos contra los desalojos y los fondos buitre

El gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez aprobó este martes dos decretos ley para frenar la crisis de los alquileres en España. Las normas extienden la protección contra los desalojos hasta 2030, permiten prorrogar de forma automática por dos años los contratos vigentes y prohíben a los fondos de inversión inmobiliaria comprar viviendas hasta 2028. La entrada en vigor es inmediata, pero el Congreso debe convalidarlas dentro de los 30 días para que mantengan sus efectos.

La medida llega después de que la presión social arrinconara al Ejecutivo. El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que se moviliza en silla de ruedas, desencadenó una ola de protestas y aceleró la respuesta oficial. El gobierno pidió una sesión express al Parlamento para que ambos decretos, acordados entre el PSOE y Sumar, se traten este viernes.

Desde el sábado a la noche, cientos de personas acampan en la Puerta del Sol de Madrid. Los manifestantes exigen el fin de los 25.000 desalojos anuales que se registran en el país y frenar la especulación de los fondos buitre, que según los organizadores acaparan más de un millón de viviendas. La acampada cumplió su tercera noche con lonas y carpas en la céntrica plaza madrileña.

La situación afecta a un universo amplio: el 30 por ciento de los españoles vive en alquiler y enfrenta aumentos que, en muchos casos, superan su capacidad de pago. La norma busca dar previsibilidad a ese segmento mientras se discute una reforma más profunda del mercado inmobiliario.

El primer decreto refuerza el escudo contra los desalojos y suspende los lanzamientos para hogares vulnerables. El segundo limita la actividad de los fondos de inversión, conocidos como fondos buitre, que compran viviendas para especular con su precio. Ambas iniciativas forman parte del acuerdo de coalición y responden a un reclamo sostenido de organizaciones de inquilinos.

"La vivienda es un derecho, no un negocio", sostuvo una de las portavoces de la acampada, que reclamó que las medidas se conviertan en leyes permanentes y no queden sujetas a la correlación de fuerzas en el Congreso. Los manifestantes advirtieron que seguirán en la plaza hasta que el Parlamento vote.

El gobierno confía en reunir los apoyos necesarios para la convalidación. Si los decretos no obtienen el respaldo del Congreso en el plazo previsto, perderán vigencia y la protección volverá al estado anterior. La sesión del viernes será la instancia decisiva para medir la fuerza política de la coalición y el impacto real de la presión en las calles.