Sánchez divide sus decretos de vivienda y no logra asegurar los votos en el Congreso

El gobierno de Pedro Sánchez intenta avanzar con una reforma del mercado de alquileres en España, pero la estrategia de dividir las medidas en dos decretos no alcanzó para garantizar los votos en el Congreso. El primero de los textos contiene las propuestas que generaron más consenso dentro de la alianza oficialista; el segundo reúne las iniciativas más polémicas, impulsadas por Sumar, el socio principal del PSOE.

La votación está prevista para este viernes y, según admitieron desde el Partido Socialista, ninguno de los dos decretos tiene todavía el apoyo parlamentario asegurado. El texto más conflictivo establece que el propietario de un departamento deberá pagar una indemnización equivalente a 12 meses de renta al inquilino si decide no renovar el contrato.

El primer decreto incluye la renovación automática de los alquileres por tiempo indefinido y el congelamiento del precio, un combo que especialistas del sector inmobiliario cuestionan porque podría contraer la oferta de viviendas en alquiler.

Los reparos llegaron desde adentro del propio bloque oficialista. Junts, la fuerza conservadora catalana, evitó definir su posición: "Mirad el marcador durante la votación", advirtieron sus voceros. El Partido Nacional Vasco pidió "menos palo y más zanahoria" para ordenar el mercado.

"Hay que acabar con los abusos y proteger a las personas vulnerables, pero sin convertir al pequeño propietario en el enemigo", sostuvo Maribel Vaquero, vocera de los nacionalistas vascos en el Congreso.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, aprovechó las dudas de catalanes y vascos para pedirles que no respalden la iniciativa. "¿Los jóvenes en Euskadi van a tener opciones de comprar un piso? ¿La gente con bajas rentas en Cataluña va a encontrar a un casero que les haga un contrato?", planteó el líder opositor.

La crisis política por el acceso a la vivienda se desató el sábado, cuando el Sindicato de Inquilinos acampó en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, en protesta por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que tuvo que dejar su casa tras no poder afrontar el aumento del alquiler impuesto por un fondo de inversión. Las carpas permanecen frente a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid y se espera que continúen allí hasta la votación.

El Ejecutivo socialista confía en que el impacto del desalojo y las manifestaciones hayan modificado el tablero político, y que ningún partido quiera quedar señalado como responsable de darle la espalda a un reclamo popular por el acceso a la vivienda, en especial para los jóvenes.

Sin embargo, las críticas también llegaron desde la izquierda. El Sindicato de Inquilinos calificó la división en dos decretos como una maniobra para "trocear" y dejar "migajas". "Nos parece vergonzoso que se haya troceado. Permite que la sociedad vuelva a desconfiar de este gobierno progresista", dijo una de sus voceras desde el campamento.

La organización convocó para este jueves un cacerolazo en el centro de Madrid y una manifestación para el sábado en las principales ciudades de España. "Solo la movilización de miles y miles de personas pueden empujar hacia una huelga general por la vivienda", advirtieron en un comunicado.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, cuestionó que la normativa no contiene "ni una sola medida estructural" y anticipó que su partido presionará para introducir cambios en el Congreso. "El decreto tal cual está no hay por donde cogerlo", afirmó, y reiteró los reclamos de su espacio: expropiar viviendas en manos de fondos de inversión y prohibir el uso turístico de las propiedades.

Mientras el debate político se endurece, expertos del mercado inmobiliario advierten que este tipo de medidas podría generar un efecto inverso y complicar aún más un sector que atraviesa una fuerte incertidumbre.