Santa Cruz: juez denuncia maniobras para removerlo de la presidencia del tribunal

Daniel Mariani, juez del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, elevó un informe al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, donde describe las maniobras de cuatro de sus pares para removerlo de la presidencia del tribunal y frenar la jura de los nuevos miembros de la corte provincial. El escrito fue presentado en la causa que analiza la constitucionalidad de la ley impulsada por el gobernador Claudio Vidal que amplió de cinco a nueve el número de integrantes del tribunal.

Los cuatro jueces cercanos al kirchnerismo declararon inconstitucional la ley y generaron una crisis institucional entre los tres poderes del distrito. Mariani acusa a Paula Ernestina Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y Reneé Fernández de desplegar acciones que califica como vías de hecho, amparadas en actos administrativos que carecieron de quórum y mayorías suficientes conforme a la Ley Provincial N° 3949.

La disputa de poder comenzó en septiembre del año pasado cuando los cuatro vocales rechazaron la ampliación del tribunal, que los dejó en minoría. Desconocieron los nombramientos de los nuevos vocales, no les pagaron el sueldo y les prohibieron el acceso al edificio judicial. Además, removieron sin mayoría plena a Mariani de la presidencia del cuerpo.

Mariani fue designado presidente mediante el Acuerdo Ordinario 3692 del 27 de noviembre de 2024. El juez con mayor antigüedad del cuerpo procedió a tomar juramento a los nuevos vocales Sergio Edgardo Acevedo y José González Nora en presencia del gobernador, facultad que le otorga el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su informe sostiene que "los juramentos fueron tomados en forma plena y válida".

Los cuatro vocales emitieron una resolución para desplazar a Mariani de la presidencia, pero no contaron con el quórum de cinco miembros requerido por la ley vigente. Tras esa invalidez, Mariani tomó juramento a Gabriel Contreras y Juan Lucio de la Vega el 8 de octubre, día en que el conflicto escaló a una crisis política. Durante esa jornada, la vocal Fernández retuvo el Libro de Actas, por lo que la jura debió realizarse ante los servicios de la Escribanía Mayor de Gobierno.

El denunciante apunta directamente contra Fernández, quien emitió una directiva que prohíbe a todo el Poder Judicial acatar órdenes de Mariani. Mariani también detalló que los cuatro vocales ordenaron a los nuevos integrantes abstenerse de conocer y decidir sobre causas pese a haber prestado juramento, medida que califica como un absurdo jurídico.

La Corte Suprema decidió ir a fondo con el conflicto el pasado 6 de mayo y solicitó en carácter de urgente el envío de todas las causas vinculadas a la disputa. La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Cruz, junto con la Federación Argentina de la Magistratura, realizaron una presentación asegurando que la actividad judicial de la provincia se mantiene en funcionamiento, con tramitación de causas y dictado de resoluciones de manera continua.