Santa Mónica vota la Medida VV para proteger del desalojo a inquilinos de casas y condominios

Los vecinos de Santa Mónica, California, votarán el 3 de noviembre la Medida VV, una propuesta que busca extender las protecciones contra los desalojos a quienes alquilan viviendas unifamiliares y condominios que hoy quedan fuera del control de alquileres. La iniciativa también modifica los requisitos para que los propietarios puedan recuperar un inmueble con el fin de habitarlo.

El cambio alcanza a un universo de inquilinos que hasta ahora no contaba con las mismas garantías que el resto. Según explicó la abogada municipal Heidi von Tongeln en el análisis publicado por la ciudad, la propuesta modifica el Artículo XXIII de la Carta Constitutiva para incorporar a ese grupo de viviendas.

La normativa municipal distingue dos sistemas. Por un lado, la Enmienda de Control de Alquileres protege a las unidades sujetas a ese régimen. Por otro, las políticas de vivienda del Artículo XXIII fijan las condiciones para los desalojos en la mayoría de las propiedades restantes. La Medida VV busca sumar a ese segundo grupo las casas unifamiliares y los condominios que estaban excluidos.

El resultado sería que esos residentes accedan a las mismas garantías legales frente a la finalización de sus contratos. La propuesta se apoya en la exigencia de una causa justificada para desalojar, de modo que los propietarios no podrían pedir la desocupación sin alguno de los motivos autorizados.

Uno de los cambios centrales afecta los casos en que un propietario busca recuperar una vivienda para establecer allí su residencia principal o para que la habiten determinados familiares. La regulación actual para las unidades sin control de alquileres exige que el dueño o su familiar tenga la intención de mudarse dentro de los 30 días posteriores a la salida del arrendatario y de permanecer al menos un año.

La Medida VV modificaría ambos plazos y contempla al propietario y a ciertos familiares, entre ellos hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos y nueras. Además, el texto prevé consecuencias ante el incumplimiento: si el dueño o el familiar no ocupa la propiedad dentro de los 60 días o no permanece durante el período exigido, salvo circunstancias atenuantes, deberá ofrecer nuevamente la vivienda al antiguo inquilino y cubrir los gastos razonables de la mudanza y de un eventual regreso.

La iniciativa se concentra en las condiciones legales para finalizar un contrato y, por lo tanto, no introduce nuevos controles sobre el precio de los alquileres en viviendas unifamiliares ni en condominios. Los concejales Ellis Raskin y Barry Snell, junto con otros defensores, sostuvieron que la reforma permitiría igualar las garantías entre distintos tipos de vivienda. "Esta medida no establecerá nuevos controles de precios para condominios ni viviendas unifamiliares", afirmaron frente a los opositores.

Los críticos, entre ellos el expresidente de la Junta de Control de Alquileres Jay Johnson, advirtieron sobre posibles consecuencias económicas para los pequeños propietarios. Aseguraron que algunas familias podrían afrontar pagos de reubicación de entre 20.000 y más de 40.000 dólares para recuperar sus propiedades. También cuestionaron las restricciones para quienes alquilan de forma temporal por motivos laborales, familiares o económicos, y sostuvieron que las nuevas exigencias podrían reducir la oferta de propiedades disponibles.

La versión que llegará a las urnas surgió de una revisión de otra iniciativa presentada en julio. El 14 de julio, el Concejo Municipal había incorporado a la boleta una propuesta más amplia, la Resolución 11785, que también contemplaba protecciones para familiares y otros ocupantes que se sumaran a una vivienda alquilada, y permitía que determinadas personas permanecieran en la propiedad tras la salida del titular del contrato con al menos un año de residencia.

La oficina de la abogada municipal planteó dudas sobre la compatibilidad de esas disposiciones con la Ley Costa-Hawkins de California, que regula aspectos de los alquileres y permite restablecer los precios de mercado cuando terminan ciertas relaciones de arrendamiento. El 27 de julio, la Junta de Control de Alquileres retiró su respaldo a las dos cláusulas sobre ocupantes y, un día después, el Concejo revocó la resolución original y aprobó otra propuesta limitada a las viviendas sin control de alquileres. Esa nueva versión se convirtió en la Medida VV.