California vota la Proposición 3: impuesto a los ricos desde US$371 mil

Los residentes de California definirán el 3 de noviembre si el esquema de impuesto a los ingresos altos que rige hoy en el estado pasa a ser permanente. La Proposición 3 propone eliminar la fecha de vencimiento de un gravamen que nació con la Proposición 30 y que después se prorrogó con la Proposición 55. El mecanismo alcanza solo a un segmento reducido de contribuyentes: quienes superan ciertos umbrales de ganancias anuales.

La medida apunta al sector de mayores ingresos y busca que el incremento impositivo deje de depender de nuevas extensiones legislativas. Según la iniciativa, el gravamen se aplica a partir de US$371 mil en declaraciones individuales y de US$743 mil en declaraciones conjuntas. Esos valores se actualizan cada año según la inflación.

El universo alcanzado es acotado: cerca del 2% de los contribuyentes con mayores ingresos de California, un grupo que aporta aproximadamente la mitad de la recaudación estatal por impuesto sobre la renta. La discusión sobre ese impuesto ya generó cruces políticos en el estado, como el que protagonizó Mark Ruffalo contra Newsom por el alcance del tributo a los más ricos.

El esquema mantiene tasas progresivas del 10,3%, 11,3% y 12,3% sobre determinados tramos de ingresos elevados. A ellas se suma un adicional del 1% sobre los ingresos que exceden US$1 millón, destinado a financiar servicios de salud mental. Así, los contribuyentes ubicados en el nivel más alto pueden afrontar una carga combinada del 13,3%.

La recaudación anual estimada se ubica entre US$5000 millones y US$15.000 millones. Los recursos ingresan al Fondo General de California y se distribuyen según las disposiciones constitucionales que regulan el financiamiento de los servicios públicos.

Uno de los principales destinos es la educación pública. Cerca del 40% de los ingresos queda asignado a escuelas primarias y secundarias (K-12) y a los colegios comunitarios, por las obligaciones presupuestarias de la Proposición 98. Dentro de esa partida, el 89% corresponde a las instituciones K-12 y el 11% a los colegios comunitarios. Parte de los fondos también debe reservarse para el fondo estatal de emergencias, conocido como Rainy Day Fund.

El resto puede cubrir distintas obligaciones del gobierno estatal, entre ellas la atención médica mediante Medi-Cal, los servicios humanos, el funcionamiento de las cárceles y el sistema judicial. Al garantizar una fuente de financiamiento para las escuelas, el mecanismo también permite liberar otros recursos presupuestarios para atender otras áreas.

“No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de esto”, dijo David Goldberg, presidente de la Asociación de Maestros de California. “Es solo un impuesto para los californianos más ricos, pero es vital para nuestras escuelas”, señaló.

Los detractores plantearon que el gasto educativo debe revisarse frente a los cambios demográficos. La Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis señaló que las escuelas públicas del estado perdieron más de 500 mil estudiantes durante la última década y consideró que mantener los niveles actuales de financiamiento no responde a esa reducción de matrícula.

“Cada vez tenemos menos alumnos. ¿Significa esto que necesitamos menos profesores? Quizás sí”, dijo Susan Shelley, vicepresidenta de la asociación. “Es hora de revisar algunos de estos costos. Algunos distritos tienen contratos laborales inasequibles, menos alumnos. No es sostenible”, señaló.

Otro de los argumentos de la oposición es que los contribuyentes de mayores ingresos puedan mudar su residencia a otros estados para reducir sus obligaciones fiscales. Advirtieron que ese escenario afectaría la recaudación, porque el 2% de mayores ingresos aporta aproximadamente la mitad de los impuestos estatales sobre la renta. La discusión se da en paralelo a la votación de un impuesto del 5% a los multimillonarios que el gobernador rechaza.

La Asociación de Contribuyentes de California, la Asociación de Negocios Familiares de California, las Cámaras de Comercio Hispanas de California y la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis integran el grupo de organizaciones que rechaza la propuesta.