Pelea entre empresarios de colectivos: dos fiscales, dos pericias y $6500 millones en juego

Una disputa judicial sin precedentes entre los dueños de los colectivos metropolitanos se instaló en los tribunales de Comodoro Py. En el centro del conflicto está el Grupo La Nueva Metropol, de dos de los hermanos Zbikosky, y cuatro cámaras de dueños de colectivos, entre ellas la que integra la compañía DOTA, con alrededor del 40% de las unidades metropolitanas. Hay dos causas penales, dos fiscales con hipótesis opuestas y unos $6500 millones de subsidios retenidos.

La controversia gira en torno a una supuesta manipulación u omisión intencionada del cambio de sección tarifaria en las validadoras SUBE. Según una de las hipótesis, las unidades omitían cambiar manualmente las consolas de cobro o marcaban tarifas máximas de quinta sección, correspondientes a recorridos de más de 27 kilómetros, a pasajeros que en realidad hacían trayectos cortos, de primera o segunda categoría, de 0 a 6 kilómetros.

El resultado económico de esa supuesta distorsión, siempre en caso de que se pruebe, habría sido doble. Por un lado, perjudicó a los usuarios en cada viaje cotidiano. Por el otro, con un volumen financiero aún mayor, alteró el sistema de distribución de subsidios estatales. La regulación vigente asigna una ponderación clave a la llamada Distancia Media Abonada (DMA). Lo que se investiga es si las prestatarias que inflaron la cantidad de pasajes de larga distancia lograron captar una porción indebida de la bolsa fija de recursos públicos. Como se trata de un monto global, si uno cobra más, otro percibe menos.

La secuencia empezó en abril de 2024, cuando la Secretaría de Transporte emitió la resolución 45, que aprobó una nueva metodología para el cálculo del subsidio y le dio mayor peso financiero a los pasajes de mayor distancia. En mayo de 2025, varias cámaras acusaron a Sargento Cabral y otras líneas del Grupo Metropol de una “alteración masiva e intempestiva” de los boletos. Sostenían que los tickets de la primera sección prácticamente desaparecían y, como contrapartida, subían los más largos.

En diciembre, las cámaras CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba presentaron una denuncia administrativa ante el Ministerio de Economía. Mientras ese expediente sumaba sus primeros movimientos, el grupo denunciado movió la primera ficha judicial y denunció penalmente a los presidentes de las cuatro cámaras y al exsecretario de Transporte Luis Pierrini. Pidió que se investiguen los delitos de defraudación contra la administración pública y estafa, e imputó a Roberto Rodríguez (Ctpba), Daniel De Ingeniis (Cetuba), Daniel Tenisci (CEAP) y Luis Brusca (Ceutupba). Esa causa quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello.

Un par de días después, en enero de 2026, el ciudadano Alejandro Díaz Pascual denunció a los directivos de las empresas de La Metropol. Ese expediente, con trámite ante la fiscalía de Franco Picardo y el juzgado federal de Julián Ercolini, sumó a los cuatro presidentes de las cámaras como querellantes. Dicen que las empresas del grupo omitían deliberadamente la marcación manual del cambio de sección tarifaria en las validadoras SUBE y emitían pasajes de tarifas máximas a usuarios que hacían trayectos cortos.

Así avanzaron dos causas penales opuestas sobre un mismo hecho. En sede administrativa, además de retener algo más de $6000 millones, empezaron las auditorías sobre 12.244 colectivos del AMBA. A las dos denuncias opuestas, a los dos fiscales con hipótesis acusatorias diametralmente opuestas y a los dos jueces federales se sumaron dos investigaciones administrativas que dicen cosas distintas.

El primero es el “Informe de firma conjunta – Cierre de auditoría” del 8 de julio de 2026, elaborado por las direcciones de Gestión Técnica del Transporte, la de SUBE y la de Gestión de Fondos Fiduciarios, junto con la Subsecretaría de Transporte Automotor. Ese documento sostiene que “no surgían elementos para afirmar la existencia de una defraudación al Estado Nacional ni un perjuicio patrimonial cierto al erario público”, además de descartar manipulación informática, hackeo o alteración externa en los dispositivos y tarjetas del SUBE.

El informe cuenta que las irregularidades en la marcación manual de las secciones en las consolas a bordo no constituían un hecho aislado ni exclusivo de las empresas denunciadas, sino un problema operativo extendido a casi la totalidad del sistema. Además, señala que los desvíos afectaban la métrica de la Distancia Media Abonada y alteraban la distribución interna de subsidios entre empresas privadas, un sistema de suma fija o “suma cero”, pero sin generar un mayor gasto para el Estado. El 14 de septiembre, la administración pública pareció reescribir su postura con el Informe Técnico Consolidado y Ampliatorio.