Texas cambia las reglas para casas prefabricadas: nueva ley en vigor

Desde el 1° de septiembre, Texas modificó las reglas para la instalación de casas prefabricadas con código del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). La nueva ley, conocida como SB 785, limita la facultad de los municipios para exigir permisos especiales y los obliga a habilitar sectores donde puedan instalarse como residencias.

La normativa, que modifica la Ley de Estándares de Viviendas Prefabricadas de Texas, busca que estas construcciones reciban el mismo tratamiento que otras propiedades residenciales dentro de una misma categoría urbanística, siempre que cumplan con los requisitos federales y estatales.

Uno de los cambios centrales es que los municipios ya no podrán exigir un permiso de uso específico para instalar una vivienda con código HUD, a menos que lo requieran para otras propiedades de la misma clasificación de zonificación. Esta medida apunta a eliminar barreras burocráticas que dificultaban el acceso a este tipo de vivienda.

Además, la ley establece que los gobiernos locales deben permitir la instalación de estas unidades en áreas que consideren apropiadas, como subdivisiones, desarrollos de unidades planificadas, lotes individuales, comunidades de alquiler y parques. También se mantiene el procedimiento por el cual una solicitud se considera aprobada si el municipio no la rechaza por escrito dentro de los 45 días posteriores a su recepción.

La SB 785 también prohíbe exigir permisos, tarifas, fianzas o seguros por el transporte e instalación de viviendas prefabricadas cuando esas tareas están a cargo de un vendedor o instalador con licencia. Sin embargo, los municipios conservan la posibilidad de cobrar los costos reales derivados del traslado de la estructura.

La normativa incluye algunas excepciones. Por ejemplo, no afecta la facultad municipal para proteger monumentos históricos ni para incorporar propiedades dentro de distritos históricos. Tampoco altera las restricciones de escritura establecidas antes del 2 de enero de 2025, ni se aplica a municipios que no tienen áreas zonificadas para uso comercial o industrial.

El proyecto fue impulsado en el Senado estatal por el republicano Pete Flores, con la coautoría de Paul Bettencourt. En la Cámara de Representantes, los patrocinadores fueron Ryan Guillen y Janie Lopez. El Senado lo aprobó el 10 de abril de 2025 por 28 votos a favor y dos en contra, mientras que la Cámara de Representantes lo avaló con modificaciones el 27 de mayo con 96 votos afirmativos. Finalmente, el Senado aceptó los cambios el 30 de mayo y la ley entró en vigor el 1° de septiembre de 2026.