Trump lleva a la Corte Suprema el muro de Texas en Big Bend y la CBP lo defiende

La administración de Donald Trump llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos la disputa por el muro fronterizo de Texas en el sector de Big Bend. El pedido de emergencia, presentado el 21 de octubre, busca reactivar las obras que un tribunal federal suspendió a principios de mes. En paralelo, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, defendió el proyecto pese al rechazo de propietarios y ambientalistas.

El caso quedó caratulado como Markwayne Mullin contra Friends of the Ruidosa Church. El magistrado Samuel Alito pidió a los demandantes que respondan antes del 29 de octubre, por lo que todavía no hay una definición sobre el planteo del gobierno.

El escrito del Departamento de Justicia (DOJ), firmado por el procurador general D. John Sauer, solicitó suspender la medida cautelar mientras avanza la revisión del caso. También reclamó que la Corte acepte el expediente y revoque de forma sumaria el fallo del tribunal de Texas.

La paralización alcanza un tramo fronterizo de alrededor de 500 millas (805 kilómetros). El plan combina barreras físicas, caminos e instrumentos de vigilancia, tanto dentro del Parque Nacional Big Bend como en terrenos privados y estatales de la región.

En una entrevista, Scott insistió en que la prioridad de la CBP es identificar a las personas y los bienes que ingresan al país, incluso en zonas con cifras históricamente bajas de cruces irregulares. El funcionario advirtió que dejar a Big Bend sin infraestructura mientras se refuerzan otros tramos podría trasladar hacia esa región el tránsito clandestino. “Estoy 100% convencido de que quedará completamente desbordada y destruida”, afirmó.

El comisionado aclaró que los planes para el parque nacional no incluyen grandes muros de acero y que la agencia mantiene conversaciones con los residentes sobre el tipo de infraestructura adecuado para ese entorno. El proyecto general también contempla tecnología de vigilancia en la frontera.

En cuanto al cronograma, la administración informó que construye unas 12 millas (19 kilómetros) semanales. Scott anticipó que el muro principal estaría terminado en diciembre de 2027 y que la obra completa concluiría antes del final del segundo mandato de Trump.

La jueza Kathleen Cardone, en una resolución del 2 de octubre, prohibió construir barreras, infraestructura vinculada o realizar movimientos de tierra en Big Bend sin respetar las leyes aplicables. También suspendió la eficacia de tres exenciones legales que facilitaban esos trabajos.

El fallo preliminar sostuvo que los demandantes tenían probabilidades de prosperar en al menos uno de sus reclamos y enfrentaban riesgos de perjuicios graves e irreparables. Entre ellos figuran Friends of the Ruidosa Church, el Centro para la Diversidad Biológica y un residente que trabaja como guía fluvial.

El desacuerdo jurídico gira alrededor de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, que permite al secretario de Seguridad Nacional dispensar ciertas exigencias legales para acelerar barreras fronterizas. Los demandantes objetaron que el gobierno extendiera esas facultades a una región que, a su juicio, no registra una entrada irregular elevada.

En una determinación publicada en el Registro Federal el 15 de mayo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, justificó las exenciones por motivos de seguridad. El documento indicó que la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 89.000 personas que intentaron cruzar irregularmente por Big Bend entre los años fiscales 2021 y 2025.

El gobierno sostuvo ante la Corte Suprema que la jueza interpretó mal la autorización del Congreso. Los opositores argumentaron que Big Bend registra una actividad migratoria menor que otros sectores y que las exenciones perjudican la protección ambiental. El DOJ, en tanto, advirtió por los costos diarios que genera la suspensión de las obras.