Trump redobla la presión sobre la prensa y pone en riesgo la libertad de expresión en EE.UU.
Demandas millonarias, citaciones judiciales y campañas de desprestigio contra medios independientes marcan un retroceso que excede las fronteras estadounidenses

El periodismo independiente en Estados Unidos enfrenta una ofensiva sin precedentes por parte del poder político. La segunda administración de Donald Trump avanza con demandas multimillonarias, citaciones judiciales para perseguir fuentes y una campaña de desprestigio contra medios que no se alinean con su agenda. La situación preocupa a editores y analistas, que advierten sobre un retroceso histórico en la defensa de la libertad de prensa.
El antecedente más claro de abuso del poder ejecutivo contra la prensa era Richard Nixon durante el escándalo Watergate. Sin embargo, según especialistas, la actual arremetida supera aquel episodio. Las acciones se llevan adelante a plena vista, con el respaldo del enorme aparato federal. Los tribunales, última línea de contención, hasta ahora resistieron, pero la mayoría conservadora de la Corte Suprema genera dudas sobre su postura si los casos llegan a esa instancia.
Dos fallos históricos sostienen la protección constitucional de la prensa en Estados Unidos. New York Times Co. v. Sullivan (1964) estableció que los funcionarios públicos solo pueden demandar por difamación si demuestran "real malicia", es decir, que el medio sabía que la información era falsa o actuó con temerario desprecio por la verdad. New York Times Co. v. United States (1971), el caso de los Papeles del Pentágono, limitó la capacidad del Gobierno de censurar previamente información clasificada sobre defensa.
Ambos fallos son reliquias de una época de profunda desconfianza hacia el poder federal, exacerbada por la Guerra de Vietnam. La revelación de las mentiras oficiales otorgó legitimidad a los medios. Medio siglo después, el cinismo público se trasladó a los propios periodistas, que en algunas encuestas aparecen por debajo de abogados y agentes inmobiliarios. Los algoritmos de las redes sociales, que premian el conflicto y la indignación, profundizaron ese descrédito.
En 2024, Walt Disney Co. acordó pagar 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump y un millón más en honorarios legales para resolver una demanda por difamación contra ABC News. El acuerdo llegó después de que el conductor George Stephanopoulos afirmara que Trump había sido declarado "responsable de violación", cuando un juez de Nueva York había determinado que era responsable de "agresión sexual".
En 2025, Paramount aceptó pagar 16 millones de dólares a la misma biblioteca para cerrar una disputa por la edición de una entrevista con Kamala Harris en CBS. Trump sostuvo que el corte "inclinó la balanza" en su contra, pese a que ganó con claridad. La empresa no admitió culpa, pero necesitaba aprobación federal para fusionarse con Skydance Media. El interés corporativo prevaleció sobre el principio constitucional.
Hay excepciones. The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC rechazaron acuerdos millonarios. El Times demanda al Pentágono por restringir el acceso de periodistas. La BBC impugna una demanda por difamación de 10.000 millones de dólares por un documental sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero, que se tratará en un tribunal de Florida el año próximo.
El autor de la columna original, Lionel Barber, exdirector del Financial Times, conoce Estados Unidos tras cinco décadas de visitas y una década como corresponsal en Washington y Nueva York. Sostiene que las amenazas contra medios grandes y pequeños son un peligro real y presente. "Lo que ocurre en Washington no se queda en Washington", advirtió. Si Estados Unidos no defiende su principio constitucional de prensa libre, otros países actuarán con mayor impunidad.
Por qué importa
Si la principal democracia occidental deja de proteger la libertad de prensa, los gobiernos autoritarios de todo el mundo tendrán menos incentivos para respetarla. El precedente afecta directamente a los medios argentinos y latinoamericanos.
Qué sigue
La demanda de la BBC por 10.000 millones de dólares se tratará en un tribunal de Florida el año próximo. También se espera la respuesta de la Corte Suprema si los casos escalan a esa instancia.
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