Una jubilada consiguió cobertura del PAMI al 100%, pero no encuentra endocrinólogo de cartilla

Una jubilada que debe iniciar un tratamiento contra la osteoporosis para evitar futuras fracturas consiguió que el PAMI le autorizara la cobertura al 100% hasta fin de año, pero no logra acceder a la receta de un endocrinólogo de cartilla que le permita retirar la medicación. El tratamiento consiste en inyecciones mensuales para fortalecer el calcio de los huesos que, aun con la promoción del laboratorio, cuestan unos $385.000 por mes.

La mujer había iniciado el tratamiento con su cobertura de salud privada, pero el alto costo de la medicación la llevó a recurrir a la prestación del PAMI. La atención primaria funcionó: la obra social le autorizó la cobertura y le entregó una lista de médicos y centros asistenciales para pedir turno con un especialista.

Ahí empezó el problema. La atención telefónica no es el fuerte de muchos sistemas en la era del WhatsApp, y los medios electrónicos tampoco ofrecieron una salida. Cuando finalmente un humano atendió, la respuesta se repitió en varios llamados: “Lo siento, no atendemos por PAMI”. En otros casos, la negativa fue distinta: “Aquí no tenemos endocrinología”.

La repregunta de la paciente fue siempre la misma: “Pero me dieron la lista en PAMI”. No hubo caso. La situación se repitió hasta que un llamado surtió efecto y le asignaron un turno para el 10 de noviembre. No sirvió explicar que se trata de un tratamiento que no se puede suspender.

El caso expone un problema que excede a esta paciente: la brecha entre la autorización formal de una prestación y el acceso concreto al profesional que debe recetarla. La cobertura al 100% queda en los papeles si el médico de cartilla no atiende por la obra social o si la especialidad no está disponible en los centros de la lista.

La osteoporosis es una enfermedad que afecta la densidad de los huesos y aumenta el riesgo de fracturas, en particular en mujeres mayores. La interrupción del tratamiento puede revertir los avances logrados y elevar ese riesgo. Para la jubilada, la espera hasta el turno de noviembre implica casi un mes sin la medicación que su médico le indicó.

El episodio refleja una dificultad recurrente en la atención de los adultos mayores: la distancia entre el derecho reconocido y la prestación efectiva. La autorización llegó, la lista también, pero el turno con el especialista sigue siendo el eslabón más frágil de la cadena.