Tres pedidos de juicio político contra la jueza Pascual por suspender el régimen penal juvenil

La jueza Marta Pascual acumuló tres pedidos de juicio político en su contra por haber suspendido la aplicación del nuevo régimen penal juvenil. Las presentaciones fueron realizadas en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ulises Giménez, y buscan que la titular del juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora sea sometida a un jury de enjuiciamiento.

Los denunciantes son el exjuez de un tribunal oral de La Matanza Alfredo Drocchi, el diputado provincial y exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia, referente del espacio Hechos, y el diputado bonaerense del Pro y exintendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, cuya presentación ingresó a última hora.

Todos coinciden en que la magistrada se habría extralimitado en su función jurisdiccional al aceptar un habeas corpus colectivo que reclamó la suspensión de la ley nacional 27.801, que estableció la baja de la edad de punibilidad de los menores que cometen delitos a 14 años. La norma fue dictada el 27 de febrero pasado y su aplicación quedó frenada porque, según el planteo, no estaban dadas las condiciones mínimas humanitarias en los centros de detención de Lomas de Zamora para alojar a los menores.

Drocchi pidió ante el Jurado de Enjuiciamiento la destitución de la jueza por presunto abuso de autoridad. "La magistrada provincial dictó una resolución contraria a la carta magna y a la ley nacional por lo tanto su conducta queda encapsulada en el delito de presunto abuso de autoridad previsto y penado por el artículo 248 del Código Penal", expresó el exjuez del tribunal oral de La Matanza.

El exmagistrado también cuestionó la competencia de Pascual para intervenir en el conflicto. "Es evidente que si hay un conflicto entre la Nación y la Provincia debe ser competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, está confesa en omisión de denuncia contra las autoridades provinciales si no se cumplen desde hace tiempo las reglas mínimas por ella invocadas", concluyó Drocchi.

En las próximas horas podría sumarse un cuarto pedido de juicio político. El diputado nacional de La Libertad Avanza Sebastián Pareja anunció que se está elaborando una nueva denuncia contra la jueza, lo que ampliaría el frente de cuestionamientos sobre la magistrada.

La causa se originó en la decisión de Pascual de suspender la aplicación de la ley que bajó la edad de punibilidad, una norma que generó fuerte respaldo en sectores políticos y rechazo en organismos de derechos humanos. La resolución de la jueza se apoyó en el estado de los centros de detención de menores en su jurisdicción.

Los pedidos de jury quedaron ahora en manos de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento, que deberá evaluar si las presentaciones reúnen los requisitos para avanzar. El caso combina una discusión sobre la edad de imputabilidad con un conflicto institucional entre la Nación, la Provincia y el Poder Judicial bonaerense.