Uscis aplica desde el 18 de septiembre una nueva regla de carga pública para la green card

Desde este viernes 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aplica una nueva guía para determinar si una persona que solicita la green card mediante un ajuste de estatus puede ser considerada una “carga pública”. La normativa amplía los elementos que entran en juego y modifica el peso de determinados beneficios públicos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el cambio el 16 de julio, la norma se publicó en el Registro Federal el 20 de julio y entra en vigor ahora. El nuevo criterio se aplicará a los formularios I-485, la solicitud para ajustar el estatus migratorio.

Según la agencia, el objetivo es adecuar sus procedimientos a la intención del Congreso de que los extranjeros que están en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios financiados por los contribuyentes.

La actualización elimina de las regulaciones federales la lista de exenciones incorporada en 2022, aunque las categorías que el Congreso excluyó directamente de la causal continúan exceptuadas. Entre quienes pueden quedar sujetos a la evaluación figuran determinados familiares de ciudadanos o de residentes permanentes, trabajadores, inversionistas, trabajadores religiosos, ciertos empleados del gobierno estadounidense en el exterior, inmigrantes admitidos por visas de diversidad y determinados testigos o informantes extranjeros.

La norma no hace depender la decisión de un único indicador económico. La Ley de Inmigración y Nacionalidad fija cinco factores que los oficiales deben considerar, y esos elementos se examinan en conjunto. La agencia aclara que también podrán tener en cuenta cualquier otro factor relevante para evaluar si el solicitante podría convertirse en carga pública en algún momento.

El Uscis contempla además la posibilidad de considerar el Formulario I-864, la Declaración Jurada de Patrocinio Económico, mediante la cual una persona se compromete a usar sus propios recursos para respaldar al extranjero.

Para los beneficios recibidos desde el 18 de septiembre, la agencia puede considerar cualquiera de carácter público sujeto a prueba de recursos dentro del análisis general del solicitante. La guía menciona, entre otros, asistencia en efectivo, vivienda pública o subsidiada, ayuda alimentaria, cobertura de salud financiada por el gobierno y determinadas ayudas para estudios posteriores a la secundaria.

Los beneficios recibidos antes de esa fecha quedan fuera del nuevo análisis, un punto clave para quienes ya iniciaron el trámite o reciben asistencia desde hace tiempo.