Ley de semillas: el Gobierno convoca al campo y a los semilleros para destrabar el uso propio

La discusión por una nueva ley de semillas entra el lunes en una etapa decisiva. Después de tres reuniones de trabajo entre técnicos de la Mesa de Enlace y de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó a los sectores para que expongan qué puntos lograron acercar sobre el uso propio y cuáles siguen abiertos. Con ese resultado, el Gobierno prevé empezar a redactar el proyecto de ley que aspira a mandar al Congreso dentro de un mes.

La cita será el lunes, de 14 a 16, en la Secretaría de Agricultura. El objetivo es conocer en detalle los resultados de las conversaciones que ambos sectores mantuvieron en los últimos meses sobre los límites al uso propio de las semillas, un universo que abarca a la soja y el trigo, pero también al algodón y las legumbres, entre otros cultivos.

El Ejecutivo espera que tanto las entidades rurales como la industria lleguen con una posición clara sobre “los puntos en los que existe consenso”. A partir de esa presentación, el Inase comenzará a elaborar la propuesta de reforma. La intención oficial es volver a convocarlos cuando el texto esté listo, mostrarles el proyecto construido sobre esas pautas acordadas y, después, remitirlo al Congreso. “El Gobierno no quiere dejar pasar más de un mes para ese envío”, aseguró una fuente con acceso a la negociación.

En el oficialismo consideran que les dieron a las entidades ruralistas y a los semilleros la oportunidad de trabajar juntos sobre uno de los aspectos más controvertidos de la reforma. Por eso esperan que las entidades respalden ante el Congreso los puntos que hayan consensuado en la mesa y que “no busquen deshacer mediante gestiones con legisladores el trabajo realizado a lo largo de estos meses”.

Hasta ahora no hay un acuerdo global anunciado por las partes ni un borrador terminado por parte del Gobierno. El aspecto central sigue sin definición pública: qué productores quedarían exceptuados de pagar por el uso propio de semillas y bajo qué condiciones.

En agosto, las entidades rurales y ASA coincidieron en la necesidad de modernizar la normativa y comunicaron que trabajaban sobre alternativas de uso propio gratuito y oneroso, incluidas posibles excepciones. En ese momento no habían acordado cómo se aplicarían.

La reunión técnica más reciente mostró un cambio respecto de las primeras propuestas. El planteo original de una excepción general de 500 hectáreas dejó de ser el esquema de trabajo y las partes comenzaron a usar los deciles de superficie del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para ordenar la negociación. Ese avance metodológico todavía no resolvió cuántas hectáreas por cultivo quedarían comprendidas ni quién accedería finalmente a la gratuidad. Esas definiciones serán centrales en lo que los sectores lleven al Inase el lunes.

La reforma que impulsa el Gobierno podría servir para adecuar la normativa argentina a una eventual adhesión al Acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov 91), ya que el país tendría que cumplir los requisitos para incorporarse. Sin embargo, todavía no está definido si esa adecuación se hará mediante la nueva ley u otro instrumento jurídico: la reforma y la adhesión son, por ahora, procesos distintos.

La Argentina ya adhiere al Acta de 1978 de la Upov, mientras que la eventual incorporación al Acta de 1991 forma parte del debate actual. En una reunión anterior convocada por el Inase, representantes de Upov explicaron a los productores y a la industria por Zoom que el acta contempla la posibilidad de que cada país establezca esa excepción en su legislación y determine sus condiciones y límites. La negociación busca precisamente acercar posiciones sobre cómo podría plasmarse en una nueva ley argentina.

Una fuente del sector que participa en las conversaciones señaló, en reserva, que no ve sencillo alcanzar un acuerdo integral con la industria semillera. Según explicó, podría haber consensos en algunos puntos necesarios para mejorar el sistema y darle más transparencia, pero persisten diferencias sobre el marco normativo —los productores proponen permanecer en Upov 78— y sobre los contratos. De todos modos, destacó la relevancia de que ambas partes mantengan el diálogo sobre un tema difícil como el uso propio.