Marcha universitaria: diez heridos, 30 detenidos y la hipótesis de grupos organizados

La quinta Marcha Federal Universitaria terminó con incidentes en las inmediaciones del Congreso: diez heridos y una treintena de detenidos, entre ellos dos menores de edad. Hubo piedrazos, ataques contra las fuerzas de seguridad, agresiones a personas y destrucción de mobiliario urbano, en episodios que el Gobierno atribuye a facciones organizadas y no al reclamo educativo en sí.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, consideró que existieron "grupos de tarea" detrás de esos ataques, a los que calificó de agresiones contra la democracia. La hipótesis de infiltrados y de grupos organizados, planteada desde el Ejecutivo, quedó abierta a una investigación rigurosa que permita distinguir entre quienes marcharon y quienes aprovecharon la convocatoria.

El reclamo principal de la marcha se centró en el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aunque también se invocaron la defensa de la soberanía nacional y de la democracia. Esa mezcla de consignas excede el debate presupuestario y muestra la creciente politización de una causa que, según la lectura oficial, debería concentrarse en garantizar una educación superior de calidad.

Torrendell reclamó además que el Congreso determine cómo financiar mayores partidas. Su argumento es que resulta habitual que se dicten leyes sobre temas diversos sin prever de dónde saldrán los fondos para aplicarlas, sin afectar otras áreas críticas ni las políticas de gobierno orientadas a acotar el déficit de las cuentas públicas.

En paralelo, el funcionario puso el foco en la transparencia de las casas de estudio. Sostuvo que desde ámbitos de la propia universidad pública se difunden cifras cuya verificabilidad se cuestiona, mientras persisten resistencias y dificultades para controlar el uso integral de los recursos. La Sindicatura General de la Nación, organismo de control interno del Poder Ejecutivo, quedó en el centro de esa discusión: los reparos a su intervención en las universidades alimentan sospechas sobre la opacidad en el destino de las partidas.

Para el Gobierno, tampoco alcanza con reclamar más dinero sin discutir resultados, que considera deficientes en cuanto al número de egresados y de alumnos crónicos. La posición oficial es que defender la universidad exige evaluar su eficiencia y no blindarla de toda crítica. El tema del control de los recursos públicos atraviesa hoy buena parte del debate sobre políticas públicas y la rendición de cuentas.

La crítica también apuntó a la ciudad de Buenos Aires: según esa mirada, hasta hoy no encontró un mecanismo eficaz para prevenir estos desmanes. La protesta pacífica debe protegerse, pero los ataques contra personas, edificios y bienes públicos deben prevenirse. Cualquier exceso policial, plantea el oficialismo, merece condena e investigación, aunque calificar como "ilegal" la intervención de las fuerzas de seguridad cuando responden a una lluvia de piedrazos y agresiones contra sus efectivos implica tergiversar los hechos.

El cierre del razonamiento oficial es que los estudiantes que marcharon en paz terminaron como rehenes de una utilización partidaria ajena a enseñar, aprender o graduarse. Una universidad que reclama recursos debe aceptar controles y una sociedad que financia su funcionamiento tiene derecho a exigir resultados, según esa postura. La discusión sobre el financiamiento y el control de las partidas seguirá en el Congreso.