Adorni eludió detalles sobre patrimonio y viajes en su informe a Diputados

Manuel Adorni presentó ante la Cámara de Diputados un informe escrito de 1.936 páginas en el que respondió preguntas sobre su situación patrimonial y causas judicales que lo involucran, pero recurió a respuestas escuetas que remitieron a información reservada o expedientes en trámite. Las evasivas del jefe de Gabinete anticipan la estrategia que expondrá cuando concurra personalmente al recinto para ser interrogado por legisladores.

El eje central fueron sus bienes. La oposición cuestionó la presunta omisión de propiedades en su última declaración jurada, particularmente un inmueble en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirido en noviembre de 2024, y un departamento en Caballito donde actualmente reside. Adorni no ofreció explicaciones públicas. Señaló que los bienes de su cónyuge Bettina Angeletti figuran en un anexo reservado de la declaración jurada, de carácter confidencial conforme la ley de ética pública, documento que solo la Justicia puede consultar en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito abierta en 2026.

El anexo llegó con demoras. Angeletti adquirió la propiedad en el country el 15 de noviembre de 2024, incorporación que debió constar en la presentación ante la Oficina Anticorrupción el año pasado pero no consta. En su informe, Adorni no explicó públicamente la composición de su patrimonio ni el origen de los fondos utilizados para las adquisiciones, y trasladó las respuestas al ámbito judicial.

Respecto del traslado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de 2026 en un avión privado, el funcionario tampoco sumó precisiones. Evitó confirmar quién financió el viaje bajo el argumento de que se trata de un asunto personal. Sin embargo, existe una contradicción: mientras Adorni afirmó haber costeado los pasajes de su familia, el piloto declaró ante la Justicia que el pago fue realizado por el empresario Marcelo Grandío.

Ante esa inconsistencia, el informe se limitó a señalar que el Estado no registra ningún pago de costos sobre traslados personales del funcionario. También indicó que no existen registros de viajes financiados por terceros ante la Oficina Anticorrupción. La oposición indagó además sobre el vínculo con Grandío y la posible existencia de contratos con el Estado que generaran conflicto de interés. Adorni negó la existencia de contrataciones entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y el empresario, sin aportar documentación adicional.

El jefe de Gabinete utilizó un argumento institucional para limitar el alcance de las preguntas. Sostuvo que las consultas vinculadas a hechos ocurridos durante su etapa como vocero presidencial no corresponden a su rol actual y, por lo tanto, no deben responderse en el marco del informe de gestión.

Adorni también eludió precisiones sobre la causa de la criptomoneda $LIBRA, investigada por una presunta megaestafa en la que estaría involucrado el presidente Javier Milei. Respondió que los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo son objeto de una investigación judicial en curso y que su divulgación podría comprometer la integridad del proceso. Puso en duda la pericia sobre el teléfono de Mauricio Novelli, uno de los impulsores locales, y rechazó que exista un contrato o acuerdo entre el Presidente y los creadores del proyecto.

Con la misma estrategia, Adorni respondió consultas sobre sobreprecios y fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Se limitó a señalar que los hallazgos fueron remitidos al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, donde la causa se encuentra en trámite.

Desde el Gobierno detallaron que 20% de las respuestas se refieren a asuntos económicos; 15% a salud; 13% a seguridad; 12% a políticas sociales; 12% a Justicia; 9% a seguridad social; 8% a Defensa; 6% a educación, y 5% a temas personales y judiciales.