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Newsom enfrenta una demanda por el aumento de los seguros de salud en California

La Asociación Médica de California y la Asociación de Planes de Salud cuestionan el impuesto MCO y advierten subas de hasta US$400 al año por familia.

Redacción••3 min de lectura
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Newsom enfrenta una demanda por el aumento de los seguros de salud en California

A menos de un mes de las elecciones del 3 de noviembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, enfrenta una demanda por un impuesto que podría aumentar los seguros de salud en ese estado. La presentación judicial cuestiona el nuevo esquema tributario, que podría representar unos US$100 adicionales al año por persona. La acción fue impulsada por la Asociación Médica de California (CMA) y la Asociación de Planes de Salud de California (CAHP).

Ambas entidades cuestionan el impuesto a las organizaciones de atención administrada, conocido como MCO tax, y sostienen que la estructura fijada mediante la SB 125 contradice la Proposición 35, aprobada por el 67,9% de los votantes en noviembre de 2024. El conflicto se da en plena campaña electoral y a días de una definición clave en las urnas.

La Proposición 35 convirtió ese gravamen en permanente, destinó sus ingresos a objetivos específicos de Medi-Cal y fijó un tope para la carga aplicada a las coberturas comerciales. Además, exige una mayoría de tres cuartos de la Legislatura para introducir cambios compatibles con sus fines. La SB 125, en cambio, establece para la cobertura comercial una tasa de US$8,85 mensuales por afiliado, frente al límite de US$2,50 por miembro al mes previsto en la iniciativa votada en 2024.

Dustin Corcoran, director ejecutivo de la CMA, afirmó que los votantes convirtieron la Proposición 35 en ley y sostuvo que el estado no puede ignorarla. Según planteó, California eligió un esquema de mayor recaudación que, a criterio de la organización, “hará que la atención médica sea más cara para los californianos”.

El impuesto también podría golpear el bolsillo de quienes tienen cobertura privada. Las aseguradoras señalaron que trasladarán el nuevo gravamen a los consumidores, con un incremento estimado de US$100 por persona cada año. Para una familia de cuatro integrantes, la suba podría llegar a US$400 anuales, además de los ajustes habituales de las tarifas.

Charles Bacchi, presidente y director ejecutivo de la CAHP, sostuvo que los planes de salud respaldaron históricamente el impuesto MCO mientras fuera asequible y permitiera mejoras significativas en Medi-Cal. A la vez, cuestionó que California use una mayor carga sobre los costos sanitarios para afrontar su déficit presupuestario.

La administración estatal rechazó los argumentos de las organizaciones. Tara Gallegos, portavoz de Newsom, indicó que el impuesto permite introducir cambios para financiar la atención médica: “El estado no está de acuerdo con sus afirmaciones y creemos que los tribunales tampoco lo estarán”.

Las dos organizaciones solicitaron que se declare inválida la SB 125 por su presunto conflicto con la Proposición 35. También reclamaron que el estado adopte antes del 31 de diciembre una estructura que cumpla tanto con esa iniciativa como con las reglas federales. El tercer planteo apunta al destino de la recaudación: la Proposición 35 establece que los fondos del impuesto MCO deben usarse para determinados propósitos de Medi-Cal, mientras los demandantes sostienen que, mediante la SB 125 y el presupuesto estatal, parte de esos recursos se destina a cubrir gastos del Fondo General.

El avance de la causa judicial se suma a un calendario político cargado para el gobernador, que ya acumula una serie de iniciativas firmadas en materia electoral y regulatoria, como las leyes para blindar las elecciones y las normas sobre data centers de la IA.

Por qué importa

El fallo definirá si California puede cobrar un gravamen mayor al que fijó la Proposición 35, votada por el 67,9% de los electores. Si avanza la demanda, millones de californianos con cobertura privada podrían evitar subas de hasta US$400 anuales por familia.

Qué sigue

Los tribunales deben resolver si la SB 125 contradice la Proposición 35. Los demandantes pidieron que el estado adopte antes del 31 de diciembre una estructura compatible con esa iniciativa y con las reglas federales.

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