El Gobierno aprobó una reforma de ARCA con un crédito del BID de hasta US$100 millones

El Gobierno nacional aprobó el Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal, que tendrá a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como organismo técnico. La medida se instrumentó mediante el decreto 1115/2026, que ratifica el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la modernización del organismo recaudador.

La operación contempla un préstamo de hasta US$100 millones del BID y una línea de crédito condicional para proyectos de inversión de hasta US$600 millones, disponible durante diez años para financiar futuras etapas de la reforma.

Según el BID, el objetivo es mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia de la gestión de los ingresos públicos. Entre las metas específicas figuran el fortalecimiento de la gobernanza y de la capacidad institucional de ARCA y la mejora en la administración de los ingresos tributarios.

El diseño institucional separa las responsabilidades. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, será el organismo ejecutor y tendrá a cargo la coordinación administrativa y fiduciaria. ARCA participará como organismo técnico sustantivo, en coordinación con esa secretaría.

El programa se estructura en cuatro componentes que abarcan desde la gestión integral de riesgos hasta la transformación digital y el fortalecimiento institucional. La incorporación de modelos de análisis de datos, algoritmos e inteligencia artificial aparece como uno de los ejes centrales de la modernización.

Ese punto abre un debate que excede el financiamiento internacional. La creciente utilización de sistemas automatizados para seleccionar contribuyentes a fiscalizar y procesar información plantea cómo compatibilizar una administración más eficiente con las garantías constitucionales de los contribuyentes.

La modernización tecnológica, en ese sentido, no se mide solo por la capacidad de ARCA para procesar más información o realizar más controles. También depende de la calidad, trazabilidad y transparencia de las decisiones administrativas que se adopten.

El contribuyente debería poder conocer, sobre todo cuando una decisión fiscal se base en sistemas automatizados, qué información se utilizó, qué criterios se aplicaron y cómo puede cuestionar una resolución que considere errónea.

Por eso, la transformación digital del organismo recaudador debería estar acompañada por reglas de transparencia algorítmica, protección de datos, debido proceso, derecho de defensa y control humano efectivo sobre las decisiones con consecuencias jurídicas.

El desafío será determinar si esos recursos se traducen en una administración tributaria más eficiente para el Estado y, al mismo tiempo, más previsible y respetuosa de los derechos de los contribuyentes. La reforma no debería consistir únicamente en dotar al Estado de más tecnología, sino también en dotar al contribuyente de mayores garantías frente al poder tecnológico del Estado.