Legislación

California: ley que obliga a policías a facilitar atención médica a detenidos aguarda firma de Newsom

La norma, aprobada por la Legislatura, establece que los agentes no podrán negar ni demorar el acceso a servicios de salud en operativos.

Redacción1 min de lectura
Newsom tiene la palabra final: la ley que obliga a facilitar atención médica a detenidos durante operativos

El proyecto de ley AB 2318 de California, que establece nuevas obligaciones para las fuerzas de seguridad respecto del acceso a servicios de salud de personas bajo su control, fue aprobado por la Asamblea y el Senado estatal. La iniciativa considera ilegal que un agente niegue, demore, obstaculice o no facilite una evaluación o tratamiento médico cuando un profesional esté disponible.

La medida, que ahora espera la firma del gobernador Gavin Newsom, busca garantizar que los detenidos puedan recibir asistencia sanitaria en situaciones como operativos migratorios, siempre que sea seguro y razonable. Si Newsom no la veta ni la firma en el plazo legal, se convertirá en ley automáticamente.

El texto contempla que, si un profesional médico está presente y dispuesto a brindar ayuda, el agente debe permitir el acceso. En caso de que se niegue o demore la atención, la agencia deberá documentar los motivos y presentar un informe dentro de las 72 horas ante el organismo de supervisión civil o la Oficina del Inspector General.

La definición de fuerzas del orden incluye a agentes federales, estatales y locales que actúen bajo autoridad legal. Sin embargo, las disposiciones no se aplicarán a personas detenidas por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR).

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en medidas disciplinarias administrativas, como suspensión o despido. La norma busca cubrir situaciones donde una persona permanezca bajo control policial, incluidos procedimientos migratorios, dentro de los límites de la legislación federal.

El proyecto fue presentado formalmente ante Newsom el 8 de septiembre, tras ser aprobado por el Senado el 27 de agosto y por la Asamblea al día siguiente. El gobernador tiene la facultad de firmar la ley, vetarla o dejar que entre en vigor sin su rúbrica.

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