Carga pública del Uscis: qué cambia para los migrantes con la nueva guía desde el 18 de septiembre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aplicará desde el 18 de septiembre una nueva guía sobre la denominada carga pública, que reemplazará los criterios vigentes desde 2022 y modificará la evaluación de los trámites de ajuste de estatus para obtener la green card.

La medida se basa en el principio de autosuficiencia económica de los inmigrantes. Los oficiales revisarán distintos elementos de la vida del solicitante para determinar si existe probabilidad de que dependa de programas públicos en el futuro.

Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre se analizarán con el criterio anterior, centrado en pagos en efectivo para mantenimiento de ingresos e institucionalización prolongada financiada por el gobierno. En cambio, las ayudas recibidas desde esa fecha podrán incluir cualquier programa sujeto a verificación de recursos.

Además del efectivo, la agencia evaluará beneficios como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) y los subsidios de vivienda. No se considerarán los beneficios obtenidos mediante aportes propios, como el Seguro Social, Medicare y el seguro de desempleo.

El Uscis mantendrá un examen basado en la totalidad de las circunstancias: el uso de un beneficio público no implicará por sí mismo el rechazo de una solicitud. La decisión considerará el conjunto de condiciones de cada persona y proyectará su situación futura.

Entre los factores a revisar se encuentran la edad, la salud, los ingresos, los recursos económicos, el historial laboral y el nivel de educación. También se tendrán en cuenta certificaciones, licencias profesionales y experiencia laboral que puedan influir en la capacidad de obtener ingresos.

Las solicitudes o beneficios aprobados antes del 18 de septiembre no se considerarán bajo la nueva disposición. Sin embargo, si un trámite o aceptación continúa vigente después de esa fecha, la recepción de beneficios podrá incorporarse al análisis. Los solicitantes podrán aportar documentación que demuestre que abandonaron el programa o retiraron la solicitud antes de la fecha establecida.

La nueva guía contempla la posibilidad de una fianza cuando un oficial determine que el solicitante es inadmisible exclusivamente por motivos de carga pública. El monto comenzará en 1.000 dólares, aunque podrá ser mayor según la estimación de beneficios que la persona podría recibir en los próximos cinco años. La fianza podrá constituirse en efectivo o mediante un fiador de una compañía de seguros autorizada, pero el migrante no podrá ofrecerla por iniciativa propia: deberá recibir una solicitud formal del Uscis.

La regla no alcanzará a todas las categorías migratorias. Entre los exentos figuran refugiados, asilados, víctimas de violencia doméstica (bajo la Ley VAWA), inmigrantes especiales juveniles y ciertos titulares de visas T y U. También están exentos determinados nacionales de Vietnam, Camboya y Laos, beneficiarios de la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Liberianos (LRIF), ciertos nacionales sirios, algunos parolees humanitarios y determinados intérpretes afganos e iraquíes vinculados al gobierno de EE.UU.

Aunque algunas categorías están fuera de la causal de inadmisibilidad por carga pública, la exención no elimina toda obligación relacionada con el formulario I-864. Algunos solicitantes exentos pueden tener que presentar una Declaración de Patrocinio Económico cuando realizan un ajuste basado en el empleo.