DHS reduce de 30 a 10 días el plazo para refugiados que enfrentan la pérdida de su estatus

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una regla final interina que reduce de 30 a 10 días el plazo legal para que los refugiados respondan a una Notificación de Intención de Terminación (NOIT) de su estatus en Estados Unidos. La medida, confirmada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), busca acelerar la revocación de la protección cuando las autoridades consideren que la persona no cumplía con la definición legal de refugiado al momento de su admisión.

El cambio modifica la sección 8 CFR 207.9 del Código de Regulaciones Federales y afecta a cerca de 186 mil casos de refugiados admitidos entre los años fiscales 2015 y 2025 que permanecen bajo ese estatus provisional y podrían quedar sujetos a revisiones de antecedentes.

Según el gobierno, el objetivo es “restaurar la integridad del sistema de inmigración y mitigar riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública, y prevenir el fraude y explotación”. El DHS sostuvo que las políticas de la administración anterior priorizaron el volumen y la rapidez de las admisiones por encima de la calidad de las evaluaciones.

En esa línea, las autoridades afirmaron que ese enfoque derivó en aprobaciones sin verificaciones exhaustivas de identidad y en la omisión de preguntas clave sobre antecedentes de violencia, vínculos con grupos armados o violaciones a los derechos humanos. También mencionaron la creación del Centro de Verificación del Uscis y operativos de fiscalización como la Operación PARRIS, que según su versión sacaron a la luz “irregularidades sustanciales en miles de expedientes”.

Entre las anomalías detectadas figuran la omisión de afiliaciones a organizaciones calificadas como terroristas, la falsificación de lazos familiares y declaraciones contradictorias sobre el historial personal. Para el gobierno, un plazo extendido de 30 días permitía que personas inelegibles o que representan un riesgo potencial siguieran disfrutando de la residencia y de beneficios en territorio estadounidense.

El nuevo procedimiento establece que los 10 días se cuentan desde la fecha de emisión y entrega formal de la NOIT. Se computan todos los días del calendario, aunque si el vencimiento cae en fin de semana o feriado federal, la fecha límite se traslada al siguiente día hábil. Cuando la notificación llega por correo expreso, se suman tres días adicionales conforme a la norma 8 CFR 103.8(b), lo que da un total efectivo de 13 días para responder.

Dentro de ese margen, el extranjero notificado puede presentar evidencias escritas para refutar los señalamientos o pedir formalmente una entrevista oral ante el Uscis. Si no responde ni solicita la audiencia en el plazo fijado, pierde el derecho a rebatir las acusaciones y las autoridades proceden de inmediato a la cancelación de su estatus.

La resolución de cancelación no cuenta con recurso de apelación administrativa. Eso implica la revocación automática de la autorización de empleo (EAD) y la remisión de la persona a procesos formales de deportación. La pérdida del estatus recorta en al menos 20 días la capacidad de trabajar legalmente mientras se resuelve el expediente, un punto sensible para quienes dependen de ese permiso.

El DHS sostiene que la norma mantiene canales para que los refugiados legítimos presenten sus alegatos. Aun así, la reducción del tiempo para reunir pruebas documentales o conseguir representación legal representa un desafío operativo para los notificados. El trámite se cruza con otras restricciones que ya pesan sobre la población migrante, como las reglas de reingreso por tres o diez años y las trabas al ajuste de estatus que enfrenta el Uscis en tribunales.

Para quienes pierdan el estatus, el marco legal contempla que podrán solicitar otras formas de protección o alivio migratorio, aunque exclusivamente ante un juez de inmigración durante el juicio de remoción. La decisión queda así en manos del tribunal y no de la agencia que emitió la cancelación.