DACA: un viaje con advance parole ahora puede activar el castigo de 10 años

Una autorización que durante años ayudó a algunos inmigrantes a avanzar en el proceso para obtener la green card ahora puede convertirse en un obstáculo. Quienes estuvieron contemplados bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y acumularon presencia ilegal podrían recibir un castigo de hasta diez años si salen de Estados Unidos con advance parole.

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) resolvió el 13 de agosto que una partida bajo advance parole constituye una “salida” a los efectos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La legislación contempla además una sanción de tres años para quienes registraron más de 180 días, pero menos de un año, de permanencia irregular.

Según el American Immigration Council, la presencia ilegal generalmente comienza a acumularse desde que una persona sin estatus migratorio cumple 18 años y se detiene durante períodos autorizados, como el tiempo en el que cuenta con el DACA.

El ajuste de estatus permite que una persona obtenga la residencia permanente dentro de Estados Unidos. Para acceder a ese procedimiento, el solicitante debe haber sido “inspeccionado y admitido o puesto en libertad condicional” al entrar al país y demostrar que es admisible para recibir una green card.

Ese requisito impedía avanzar a algunos inmigrantes que habían ingresado sin inspección, aunque tuvieran una petición familiar aprobada. El advance parole, una autorización del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para viajar y solicitar el reingreso, ofrecía una alternativa.

Al regresar bajo parole, la persona podía cumplir el requisito de haber sido inspeccionada y admitida o puesta en libertad condicional y solicitar el ajuste si reunía las demás condiciones. En el caso de beneficiarios que hayan tardado 180 días o un año desde que cumplieron los 18 hasta que efectivamente se aprobó su solicitud, acumularon presencia ilegal que activa la prohibición de reingreso.

La decisión revocó el precedente establecido 14 años antes en Matter of Arrabally and Yerrabelly. En aquel caso, la BIA había determinado que un viaje temporal con advance parole no constituía una “salida” capaz de activar el castigo por presencia ilegal.

El organismo consideraba que estos desplazamientos eran “cualitativamente diferentes” porque suponían que el extranjero podría regresar para realizar el proceso de ajuste de estatus. También sostenía que interpretar el permiso de otra manera podía convertir un beneficio humanitario en un instrumento para impedir un alivio migratorio.

En Matter of Delcarmen-Lara, la Junta abandonó ese razonamiento. El fallo señala que el Congreso empleó el término “salida” sin definirlo y no incluyó una excepción específica para quienes viajan con autorización anticipada.