El Gobierno ampliará los subsidios de luz para el norte a cambio del apoyo a la zona fría

El Gobierno nacional selló un acuerdo con los gobernadores del Norte Grande para ampliar los subsidios a la energía eléctrica en las provincias del NOA y NEA, a cambio de que esos distritos acompañen el proyecto oficial que busca recortar los beneficios por zona fría. Así lo confirmaron fuentes oficiales tras la reunión que mantuvieron este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con mandatarios provinciales.

El entendimiento establece que el bloque de consumo subsidiado para zonas cálidas pasará de 150 a 300 kilovatios hora (kWh) mensuales durante todo el año, mientras que para las zonas muy cálidas el tope subirá de 300 a 500 kWh entre noviembre y abril. La medida alcanzará a Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja.

Durante el encuentro, que se realizó en el quinto piso del Ministerio de Economía, estuvieron presentes los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Jujuy, Carlos Sadir. También participaron el secretario coordinador de Energía, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, junto a equipos técnicos de las diez provincias que integran el bloque regional.

Según informó Caputo en su cuenta de X, “en el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias”. El funcionario destacó que el acuerdo se logró en menos de una semana y que la respuesta fue rápida.

El acuerdo se da en el marco de la negociación por el proyecto de ley de zonas frías, que ya obtuvo media sanción en Diputados y que excluirá del subsidio al gas a decenas de departamentos de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y la Patagonia. Los gobernadores del norte habían reclamado garantías concretas para avanzar con el régimen de zona cálida antes de apoyar la modificación en el Senado.

La instrumentación del subsidio quedará a cargo de una resolución de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía. Ese punto había generado desconfianza entre los gobernadores, ya que el compromiso original de ampliar los bloques subsidiados fue anunciado en mayo, durante la negociación por la media sanción, pero la resolución nunca se oficializó.

La hoja de ruta prevista contempla el tratamiento del proyecto de zonas frías en septiembre y la publicación de la resolución inmediatamente después. Algunos gobernadores propusieron que la medida fuera ad referéndum de la votación en el Congreso, mientras que otros afirmaron que el Ejecutivo se comprometió a blindar el esquema por ley. En cualquier caso, reconocen que todo dependerá de que el oficialismo cumpla con su palabra.

El Gobierno busca recortar más de $200.000 millones en subsidios por zona fría, el régimen creado en 2002 para compensar el mayor consumo de gas en regiones de bajas temperaturas y que tras su ampliación en 2021 beneficia a más de 3,5 millones de hogares con descuentos de entre el 30 y el 50%. A cambio, las provincias del norte piden subsidios por algo más de $140.000 millones.

El nuevo esquema busca diferenciar nuevamente la tarifa por zona bioambiental, nivel de consumo e ingresos. De esa forma, las provincias recuperarían buena parte del margen que tuvieron de diciembre a febrero pasado, cuando la Secretaría de Energía autorizó subsidiar el consumo de energía hasta 550 kWh en zonas muy cálidas y 370 kWh en zonas cálidas, para luego reducirlo al tope de 150 kWh en todo el país.

La negociación llega en un contexto donde la Casa Rosada también busca el respaldo de los gobernadores del norte para la reforma electoral y la eliminación de las PASO de cara a 2027. Por otra parte, el proyecto de ley de zona fría contempla el perdón de una deuda de más de US$1.100 millones de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur con el Estado, a cambio de que las empresas dejen de reclamar ingresos no percibidos por los años con tarifas congeladas.