El procurador Casal rechazó que la causa por los fondos de la AFA pase a Campana

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que dos causas en las que se investiga a las autoridades de la AFA por manejos irregulares con fondos en los Estados Unidos deben quedar en la Justicia de instrucción porteña. De esta manera, rechazó la pretensión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de concentrar todos los expedientes, como quieren los acusados.

Ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos dos expedientes se refieren a una administración fraudulenta en el seno de la AFA denunciada por el empresario y representante de FIFA Guillermo Toffoni, y a la denuncia por las omisiones en los balances de la máxima organización del fútbol argentino.

Aún está pendiente una decisión final, eventualmente de la Corte, acerca de cuál será el tribunal que se aboque a la investigación de los dueños de la quinta de Pilar, que se adjudica a Pablo Toviggino, vicepresidente de la AFA.

Casal decidió que en dos causas relacionadas con el manejo de fondos en el exterior de la AFA todo quede en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 11, a cargo de Paula Petazzi. En el caso más importante de los dos, le pidió directamente a la Corte que rechace el planteo del Juzgado Federal de Campana, que viene intentando concentrar en su despacho todos los expedientes vinculados a la asociación que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

El incidente se originó cuando el juez federal de Campana le pidió a Petazzi que se inhibiera de conocer en la causa que nació con la denuncia de Guillermo Toffoni del 29 de diciembre de 2025 por administración fraudulenta en perjuicio de la AFA.

González Charvay planteó que quiere quedarse con el caso de la denuncia de fraude que hizo Toffoni, reclamándola desde el expediente donde se investiga a los dueños de la quinta de Villa Rosa, Pilar, valuada en 20 millones de dólares, con autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto e instalaciones deportivas.

La empresa Real Central SRL es la dueña del predio y la firma está a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. La empresa la habría adquirido sin capacidad económica y con fondos desviados de la AFA, según la hipótesis que siguen los investigadores.

Ese sumario empezó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, pasó al Penal Económico n° 10, que estuvo a cargo de Marcelo Aguisnky y hoy está en manos de Verónica Straccia, y terminó en la Justicia federal de Campana después de que el propio imputado Pantano pidiera la incompetencia del juez penal económico. El 14 de agosto pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que se mantenga en la jurisdicción federal de Campana.

El puente entre un expediente y el otro fue una publicación de LA NACION. El 30 de diciembre, los denunciantes Facundo Del Gaiso y Matías Yofe ampliaron su denuncia original para incorporar la información sobre el movimiento de grandes sumas de dinero de la AFA a través de TourProdEnter LLC hacia sociedades extranjeras presuntamente vinculadas al tesorero Toviggino.

González Charvay pidió entonces un informe sobre el expediente de fraude que tramitaba ante la Justicia porteña en el juzgado de Petazzi, concluyó que se investigaban los mismos hechos y promovió también la inhibición de la magistrada. Sostuvo que los hechos, en principio del fuero ordinario, en este caso habrían afectado intereses federales, en particular por la "posible afectación al sistema tributario argentino", ya que se omitió declarar esos ingresos ante la ARCA.

Por otro lado, dijo que la existencia de un elemento transnacional determinaba la competencia federal. La descripción de la maniobra que hizo el propio González Charvay indica que la AFA delegó en TourProdEnter la gestión y el cobro de los derechos por una serie de amistosos de la Selección argentina, y ese dinero se ocultó mediante transferencias a cuentas de "entes de paja" y a personas sin justificación para recibirlo, entre ellas María Florencia Sartirana, que tendría una relación de pareja con Toviggino.

La jueza de instrucción porteña Petazzi aceptó ceder la competencia el 25 de marzo. Razonó que cada transferencia con origen en TourProdEnter y destino en las empresas de fachada podría considerarse en sí misma un acto de lavado de dinero y que, por lo tanto, debía ser la Justicia federal la que investigara la administración fraudulenta como delito precedente del lavado.

Toffoni apeló y el 16 de abril la Sala V de la Cámara del Crimen, con la firma del juez Ignacio Rodríguez Varela, la dejó en la Justicia ordinaria y envió el caso a la Corte.

Ahora el procurador Casal sostuvo que no basta que González Charvay use expresiones como "comunidad probatoria", "estrecha o íntima vinculación", "mismo contexto delictivo" o "riesgo de resoluciones contradictorias" para decir que el caso es federal. Advirtió que las fórmulas elaboradas por la jurisprudencia no deben usarse como "un comodín", sino que describen un estado de cosas concreto, que hay que acreditar puntualmente en cada caso.

Dijo que se trata de delitos independientes el fraude y el lavado. De lo contrario "cualquier fraude relevante podría terminar en el fuero federal con solo denunciar después un lavado" de dinero y por eso señaló que el caso debe quedar en la Capital Federal.

También desactivó los dos argumentos de González Charvay cuando alegó la evasión de rentas nacionales. Dijo que los delitos que abren la competencia federal por esa razón son los que causan ese resultado de manera directa y efectiva; acá, en cambio, el planteo es difuso. Sobre la "proyección transnacional que habrían adquirido los hechos", la calificó como una elipsis para referirse a una circunstancia irrelevante tanto para configurar la administración fraudulenta como para decir que el dinero defraudado, o parte de él, haya circulado fuera del país.

El segundo dictamen de Casal se refiere a una controversia de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 8, de Diego Amarante, y el juzgado de instrucción de Petazzi. Ahí Toffoni denunció a los directivos de la AFA por balance falso. TourProdEnter, como agente comercial exclusivo con amplias facultades para firmar acuerdos de patrocinio y explotación de marcas, habría generado ingresos para la entidad por al menos 300 millones de dólares, y en los libros contables no hay ningún registro que corresponda a esas actividades.

Amarante declinó su competencia a favor del fuero criminal común, en consonancia con el fiscal, al vincular las omisiones contables con las maniobras de administración fraudulenta. Petazzi lo rechazó y dijo que no correspondía aceptar la declinatoria mientras estuviera pendiente la resolución de la Corte en el otro expediente. Casal, en este caso, también dictaminó que la causa debe quedar en manos de Petazzi.