Fallo clave en EE.UU. sobre el asilo de venezolanos: qué cambia tras la salida de Maduro

La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés) emitió un fallo sobre las solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos y determinó que la salida de Nicolás Maduro del poder representa un cambio en las condiciones del país, aunque el riesgo de persecución debe evaluarse de manera individual en cada expediente. La decisión, fechada el 4 de septiembre de 2026, revirtió una resolución previa que había concedido asilo a una ciudadana venezolana y devolvió el caso a un juez de inmigración para un nuevo análisis.

El tribunal administrativo sostuvo que un cambio de liderazgo no elimina por sí solo el temor fundado de persecución. “Reconocemos que un cambio en el liderazgo nacional no necesariamente elimina un temor bien fundado de persecución”, señaló la BIA en el texto oficial de la decisión.

La resolución precisó que las pruebas sobre la permanencia de funcionarios o fuerzas de seguridad asociadas al régimen anterior mantienen su relevancia legal. En ese sentido, remarcó la necesidad de examinar si los antiguos perseguidores conservan influencia en la estructura política y si las nuevas autoridades pueden albergar la misma animosidad contra los opositores.

Por ese motivo, la Junta estableció que los jueces deben evaluar las evidencias específicas de cada expediente. Las autoridades migratorias deberán determinar si los organismos del Estado mantienen la capacidad y el interés de perseguir a los solicitantes en el nuevo contexto.

El fallo dejó sin efecto la decisión que había concedido asilo a una ciudadana venezolana en abril de 2026 y ordenó reabrir el caso. La BIA concluyó que el juez inferior no evaluó el impacto de la transición sobre el riesgo particular de la solicitante y criticó que calificara la permanencia del régimen con “afirmaciones genéricas” sin respaldo fáctico.

El dictamen determinó que la salida de Maduro el 3 de enero de 2026 constituye un evento de “alta significación” que altera el escenario político. Además, permite que las partes presenten nuevas pruebas y argumentos antes de que el juez emita una nueva decisión, con hallazgos fácticos detallados sobre el entorno político actual de Venezuela.

La demandante ingresó a Estados Unidos en julio de 2014 y presentó su solicitud de asilo en marzo de 2026. Alegó persecución por su actividad política opositora y la anulación de su pasaporte en octubre de 2025.

El fallo incluyó una orden adicional para revisar el límite legal de un año para solicitar asilo. El tribunal constató que el juez otorgó la protección sin verificar si la solicitante presentó su formulario en el plazo legal y aclaró que un cambio en el país de origen no exime de ese requisito.

Por último, la resolución mencionó que la restauración de relaciones diplomáticas y la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas en marzo de 2026 forman parte de los nuevos elementos fácticos. El tribunal ordenó evaluar las solicitudes de suspensión de la remoción y de protección bajo la Convención contra la Tortura si la petición de asilo resulta extemporánea.