Green card: la nueva regla de 'carga pública' del Uscis que rige desde el 18 de septiembre
La norma amplía los beneficios y circunstancias que los oficiales migratorios podrán considerar en cada solicitud de residencia permanente.

Desde el 18 de septiembre, los inmigrantes que soliciten una green card en Estados Unidos serán evaluados bajo una nueva regla de “carga pública” del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). La medida amplía los factores que los oficiales migratorios podrán tener en cuenta para determinar si un solicitante podría convertirse en una carga para el Estado.
La nueva regulación, publicada en el Federal Register por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), elimina disposiciones de la norma de 2022 que limitaban los elementos considerados en el análisis. Según el DHS, ese marco era “indebidamente restrictivo” y dificultaba las evaluaciones.
La modificación otorga a los funcionarios mayor discrecionalidad para examinar cada expediente según la “totalidad de las circunstancias”. Entre los factores obligatorios que establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) se incluyen la edad, la salud, la situación familiar, los activos, los recursos, la situación financiera, la educación y las habilidades.
Además, los oficiales podrán considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, como Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), SNAP, TANF, SSI, la asistencia federal para alquiler y WIC. El esquema anterior acotaba los programas considerados.
La medida alcanzará a las solicitudes de ajuste de estatus enviadas por correo o electrónicamente a partir del 18 de septiembre, así como a las solicitudes de admisión realizadas desde esa fecha. Los beneficios recibidos antes de ese día quedarán sujetos al marco de 2022.
El propio Uscis estimó que 1,3 millones de personas podrían abandonar o evitar programas de asistencia social. Según The American Prospect, el alcance podría extenderse a hogares cuyos integrantes no estén directamente sujetos a la determinación de carga pública, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Sarah Krieger, asesora principal de políticas de apoyo económico y sanitario del National Immigration Law Center (NILC), explicó que investigaciones anteriores identificaron una disminución en el acceso a programas esenciales entre grupos más amplios, especialmente entre niños ciudadanos.
Entre las personas alcanzadas se encuentran los extranjeros que están dentro de Estados Unidos y solicitan un ajuste de estatus mediante el formulario I-485. Existen categorías exentas de la causal de inadmisibilidad por carga pública, y algunos solicitantes inadmisibles pueden acceder a una exención o presentar una garantía económica.
Quienes ya poseen la residencia permanente legal no atraviesan nuevamente este análisis de manera ordinaria, ya que fueron evaluados al obtener su visa o ajustar su estatus. Existen excepciones para casos de reingreso tras viajes al extranjero.
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