La apatía no es de la ciudadanía sino del sistema institucional

La creencia instalada de que vivimos en tiempos de apatía política generalizada, impulsada por algoritmos e inteligencia artificial, requiere ser cuestionada. Si existen dificultades en la participación democrática que explican el avance del autoritarismo competitivo en diversos países, estas tienen poco que ver con una ciudadanía pasiva y mucho más con un sistema institucional cerrado y resistente a la presión social.

Durante años se ha insistido en un diagnóstico sombrío: vivimos rodeados de ciudadanía cada vez más apática, individualista y despreocupada por el bien común. Los culpables están identificados: las pantallas nos separan, las noticias falsas adormecen, las redes polarizan, los algoritmos nos confinan. La conclusión resultante es desalentadora: estamos condenados a la dominación política por nuestra propia pasividad. Este relato conecta dos fenómenos reales que todos reconocen: el surgimiento de líderes autoritarios en distintas latitudes —Hungría, Polonia, Turquía, Estados Unidos, Argentina— y el impacto fenomenal de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.

Sin embargo, esa narrativa contrasta con una realidad global de intensísimos procesos de movilización política ocurridos precisamente en tiempos y lugares supuestamente marcados por el individualismo y los algoritmos. Las jornadas de junio en Brasil 2013, disparadas por el aumento del transporte público, movilizaron a millones durante el Mundial de fútbol. El estallido social de Chile en 2019, también por tarifas de transporte, transformó la historia política de un país señalado por su conformismo postdictatorial. Las masivas manifestaciones del Black Lives Matter en Estados Unidos y la marcha No Kings de marzo del mismo año —la más importante de su tipo en la historia del país— ocurrieron en la era digital.

A eso se suman las recientes marchas en Polonia y República Checa, los movimientos de la Generación Z liderados por jóvenes nacidos en la era digital que utilizan iconografía de la cultura pop, y movilizaciones multitudinarias como la revolución de estudiantes en Bangladesh en 2024 y las manifestaciones fundacionales en Indonesia en 2025. Todos estos procesos ocurrieron en la era digital, en algunos casos potenciados por ella, convocaron a millones, se sostuvieron en el tiempo y tuvieron contenido y objetivos eminentemente políticos. Ante estos datos, resulta difícil creer en la narrativa de apatía social y triunfo autoritario frente a una ciudadanía alienada.

Contra esta narrativa prevaleciente, cuando la ciudadanía se retrae en períodos de desigualdad e injusticia, ello obedece no al conformismo sino a una sabiduría histórica adquirida frecuentemente a través de experiencias negativas. Es el aprendizaje de respuestas desfavorables de gobiernos hacia quienes disienten: represión de protestas, persecución de manifestantes, o la inacción más común en tiempos recientes —la no respuesta como respuesta, como si ninguna demanda fuera realmente atendible.

Quienes hoy ven a la democracia en riesgo necesitan reorientar el foco de atención. Desplazarlo desde la ciudadanía hacia el sistema institucional y quienes lo controlan. No para eximir a la ciudadanía de responsabilidad política, que todos la tenemos, sino para calibrar mejor los análisis. Una ciudadanía dispuesta a movilizarse en defensa de lo que considera justo encuentra hoy un freno inhabitual: un sistema institucional perfectamente impermeabilizado, preparado para resistir presiones mediante la indiferencia y la inacción. Las autoridades pueden ignorar quejas y demandas, dejar que pase el tiempo para que los reclamos se disuelvan en el olvido, como si nada importante estuviera en juego.

La democracia exige el retorno de lo político. Ese retorno requiere derribar las barreras institucionales que hoy ahogan los reclamos de una ciudadanía que, a pesar de todo, sigue atenta y de pie.