La Legislatura bonaerense archivó pruebas del caso Chocolate Rigau y un juez denunció encubrimiento

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires archivó las actuaciones que podían permitirle a la Justicia determinar quiénes designaron a los empleados fantasma cuyos salarios cobraba el puntero Julio “Chocolate” Rigau. La decisión se tomó en una sesión de mayo pasado, sin debate y dentro de una votación general que incluyó miles de resoluciones administrativas. El juez de Garantías Guillermo Atencio denunció a las autoridades de la Cámara por encubrimiento.

El magistrado sostuvo que lo resuelto por los legisladores puede implicar ocultamiento de pruebas y entorpecimiento de la investigación. La Legislatura había recibido un requerimiento judicial para que entregara los llamados “memos de designación” y eligió no responderlo: archivó el expediente interno, en un intento por sobreseerse a sí misma.

La maniobra no fue un episodio aislado. El expediente que interesaba a la Justicia quedó sepultado entre papeles, dentro de una votación sobre tablas que reunió miles de trámites administrativos. Según lo informado, prácticamente todas las fuerzas políticas de la Cámara participaron de esa jornada: Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Pro, la UCR y Coalición Cívica. El único diputado que se opuso fue Cristian Castillo, del Frente de Izquierda.

El caso se originó el 13 de septiembre de 2023, cuando Rigau fue encontrado retirando dinero de 48 tarjetas de débito ajenas en cajeros del Banco Provincia. La investigación lo señaló como la persona encargada de cobrar esos salarios y lo vinculó con Claudio Albini, entonces funcionario de la Cámara de Diputados, y con su hijo Facundo Albini. La hipótesis fiscal apunta a una estructura organizada para defraudar al Estado provincial con casi medio centenar de personas incorporadas formalmente a la Legislatura.

La fiscal Betina Lacki había pedido los memos de designación para establecer quién había contratado a esos agentes. Después de reiteradas dilaciones, Atencio ordenó la presentación de la documentación. La respuesta de Diputados fue cerrarle la puerta a la Justicia.

El Senado bonaerense atravesó una situación similar con el pedido de desafuero de la entonces senadora radical Flavia Delmonte, acusada de encabezar un entramado de prestanombres que entregaban parte de sus salarios. Ese requerimiento judicial nunca obtuvo tratamiento parlamentario.

Cuando una investigación penal roza el funcionamiento interno de las cámaras legislativas, aparecen demoras, fueros, expedientes archivados y argumentos burocráticos. La institución que debería dar el ejemplo de transparencia levanta barreras frente al organismo encargado de investigar.

La denuncia de Atencio no puede convertirse en otro expediente que duerma en un despacho. Debe investigarse sin excepciones derivadas del poder político de los involucrados. Creer que una votación parlamentaria puede hacer desaparecer responsabilidades en un hecho penal que involucra a sus propios miembros es de una gravedad inusual.

El caso Rigau exhibió un mecanismo que habría funcionado durante muchos más años que los investigados. La basura debajo de la alfombra sigue siendo basura: solo cambia de lugar. Y cuando quienes tienen la obligación de barrerla deciden esconderla, el problema deja de ser únicamente la corrupción investigada y pasa a ser la degradación de las instituciones encargadas de combatirla.