Polémica en Buenos Aires por la ley que usa fondos de caminos rurales para obras hídricas

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley este martes un proyecto que permite a los municipios usar hasta el 100% de los fondos destinados al mantenimiento de los caminos rurales para hacer obras hídricas. La norma regirá por 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial y ya generó el rechazo de las entidades del agro, que advierten por el deterioro de la red vial.

Se trata de montos coparticipados o transferidos que provienen del Impuesto Inmobiliario Rural por la Ley 13.010 y sus modificatorias, no de la tasa vial de los municipios. El texto autoriza a destinar ese dinero a drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento hídrico.

El proyecto fue presentado por el senador Sergio Raúl Vargas, del bloque Unión y Libertad, junto con Silvana Ventura y Carlos Kikuchi, y había obtenido media sanción del Senado el 6 de octubre. En los fundamentos, los autores sostuvieron que “gran parte de la Provincia de Buenos Aires se asienta sobre un sistema hídrico que requiere intervenciones urgentes” y que “resulta ineficaz y un dispendio de los recursos públicos destinar presupuesto al alteo de caminos si no se interviene de manera previa en las alcantarillas, zanjas y canales que conducen los excesos de agua”.

Actualmente, el 12% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural se destina al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, que reciben los municipios para conservar los caminos rurales. La nueva ley modifica de forma temporal ese destino y apunta a facilitar obras para prevenir inundaciones ante El Niño.

Antes de la sanción, Gustavo Frederking, responsable de la Comisión de Servicios de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y vicepresidente de la Sociedad Rural de Junín, había advertido sobre las consecuencias. “Esto, como está escrito, habilita a hacer obras hídricas, pero no especifica que sean para el campo”, señaló en una entrevista.

Según explicó, los intendentes podrían usar esos recursos para financiar obras en las ciudades aunque originalmente estuvieran destinados a los caminos rurales. El dirigente recordó que los productores reclaman más fondos para mejorar los caminos y que antes se destinaba el 25% de la recaudación del impuesto a ese objetivo, mientras que hoy el porcentaje es del 12%.

Tras la sanción, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR+Cambio Federal) manifestó su rechazo en X. “En otras palabras, se permite que recursos que deben volver al campo para garantizar caminos transitables tengan otro destino”, expresó. Y agregó: “Se trata de un nuevo avasallamiento al sector agropecuario: se toman decisiones de espaldas a los productores y a las entidades rurales, sin consultarlos ni darles participación en una discusión que los afecta directamente”.

La Sociedad Rural Argentina también se pronunció en contra. “Entendemos la necesidad de avanzar con obras que den respuesta a los problemas hídricos, pero no se puede resolver una emergencia comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales”, indicó. Y remarcó que los caminos rurales son clave para sacar la producción, garantizar el acceso a las escuelas y los servicios de salud.

En un comunicado, Carbap apuntó: “Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos”. La entidad cuestionó además que se habilitara el tratamiento sobre tablas, sin debate previo en comisiones, gracias a la mayoría de dos tercios reunida en la Legislatura bonaerense.

El diputado Luciano Bugallo (CC) anticipó su rechazo al señalar que “la iniciativa, aun cuando persigue un objetivo legítimo, propone una herramienta que puede resultar contraproducente para los intereses que pretende proteger”. El eje del conflicto pasa por la falta de una cláusula que garantice que el dinero se use solo en el ámbito rural.