La crisis judicial que pudo habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses

La Justicia estuvo a punto de ofrecer a los intendentes bonaerenses un precedente clave para lograr la reelección indefinida en sus cargos. El recurso presentado por Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, buscaba ser exceptuado de la prohibición de ocupar un cargo por más de dos mandatos consecutivos en el Consejo de la Magistratura. Si prosperaba, habría anulado cualquier límite a los mandatos de los jefes comunales, dejando de ser una pretensión aislada de un grupo de poder.

El pedido de Barroetaveña se apoyó en que, el año pasado, el Consejo de la Magistratura avaló la reelección de sus autoridades. Ese proceso fue encabezado por Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del cuerpo que preside Horacio Rosatti. Aunque el kirchnerismo se opuso, actuó con rapidez: el senador José Mayans presentó un recurso para que María Inés Pilatti Vergara, Vanessa Siley, Mariano Recalde y Rodolfo Tailhade gozaran del mismo privilegio y continuaran representando al Congreso.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo suspendió hace dos semanas el efecto de la respuesta favorable que Enrique Lavié Pico dio a Barroetaveña. Esa decisión frenó la amenaza de otros pedidos similares, como los de Jimena De La Torre y María Fernanda Vázquez, vocales por los abogados que representan al PRO y a la UCR. Sus bloques ya manifestaron su intención de oponerse a la reelección indefinida de los intendentes si el proyecto llega a la Legislatura bonaerense.

El desistimiento de Barroetaveña puso fin a esta espiral de irracionalidad, pero dejó al descubierto la crisis de los partidos políticos y del Poder Judicial. Esta situación se agravó con la designación de casi 70 nuevos funcionarios, anunciada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en su cuenta de X. “Como siempre decimos: es un triunfo del pueblo argentino que merece una justicia que funcione bien”, posteó el 27 de agosto.

La apreciación de Mahiques es discutible, sobre todo por la anulación de la causa por contrabando contra Salvador “El tano” Rosselli, resuelta el 25 de agosto por Javier López Biscayart. Rosselli, histórico funcionario del ARCA en la Aduana de Ezeiza, fue investigado desde octubre de 2025 por una denuncia anónima que recayó en el juzgado de López Biscayart. En enero, fue desplazado de Ezeiza por el titular del ARCA, Andrés Vázquez, y reemplazado por Nicolás Velis, hijo de José Velis, quien pidió licencia como titular de la Aduana tras la implicación de su hijo en un caso de contrabando.

La causa contra Rosselli se originó por su vínculo con Roberto, Martín y Juan Artusa, titulares de “Art Group”, una empresa de comercio exterior que hasta febrero registraba solo tres operaciones con Pakistán. La denuncia aseguraba que Rosselli permitía el ingreso ilegal de valijas con iPhones desde Miami. López Biscayart anuló el caso siguiendo la doctrina del fiscal federal Eduardo Taiano, que considera inválidas las denuncias anónimas y las instrucciones realizadas por auxiliares fiscales, una figura del nuevo Código Procesal que no está vigente en la Justicia Federal hasta 2027.