La oposición mantiene la sesión en Diputados para tratar morosidad y discapacidad

La oposición confirmó que sostendrá la sesión del próximo miércoles en la Cámara de Diputados para discutir dos temas que considera urgentes: la creciente morosidad, sobre todo entre los jóvenes, y la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año. Los bloques críticos confían en reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto, aunque los números están ajustados.

La sesión, convocada para el 9 de septiembre, no buscará aprobar proyectos, sino emplazar a las comisiones correspondientes para que fijen fecha de dictamen. La oposición pretende votar una hoja de ruta que obligue al oficialismo a cumplir con los plazos que establezca el pleno de la Cámara.

Según un sondeo informal, la oposición araña las 129 voluntades con Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas, Argentina Federal, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda y otros monobloques. Sin embargo, el oficialismo trabaja para desarticular la embestida.

Los emisarios políticos del Gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, apuntan especialmente a gobernadores cercanos a la Casa Rosada, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén), para evitar que sus legisladores ayuden a construir el quórum.

Los libertarios habilitaron la semana pasada los debates en comisión para desactivar la sesión. Tanto Finanzas, presidida por Santiago Pauli, como Discapacidad, encabezada por Gerardo Huesen, convocaron reuniones informativas y fijaron cronogramas de trabajo con el compromiso de dictaminar antes de fin de mes. Los bloques críticos, sin embargo, desconfían de esa maniobra y la consideran dilatoria.

En esa pulseada, los gobernadores vuelven a ocupar un lugar central. Algunos mandatarios con diálogo cotidiano con la Casa Rosada pretenden que ambos debates avancen. Sufren la caída de la recaudación por IVA, el principal impuesto coparticipable, y advierten que el costo político del ajuste recae sobre las administraciones provinciales.

En materia de discapacidad, los gobernadores señalan que los expulsados por la cobertura nacional terminan en hospitales e institutos provinciales, cuya demanda está colapsada. La neuquina Karina Maureira, aliada al gobernador Figueroa, planteó durante la última reunión de la Comisión de Discapacidad que el nomenclador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) paga un 20% más que el nacional. “Si lo podemos hacer nosotros, ¿por qué no podemos hacerlo a nivel nacional?”, cuestionó. Y advirtió que, si no aparece una alternativa superadora, “no nos queda más que apoyar una medida de emergencia prorrogada”.

La estrategia del Gobierno es patear la discusión. El oficialismo pretende que los debates sobre discapacidad y endeudamiento coincidan con la discusión del Presupuesto 2027, que comenzará a tomar forma en los próximos días. El Poder Ejecutivo podría incorporar allí concesiones destinadas a contener a gobernadores y aliados. En paralelo, anticipa que presentará propuestas propias, aunque hasta ahora no formalizó ninguna.

Silvana Giudici, de La Libertad Avanza (LLA), sostuvo que el objetivo es trabajar en “un proyecto coherente” sobre endeudamiento y evitar medidas que, según advirtió, terminen por “quebrar la posibilidad de crédito de 40 millones de argentinos”.

En el Senado, permanece sin avances una reforma a la ley de prestaciones básicas de discapacidad que el Gobierno impulsa como alternativa a la emergencia. Ese proyecto endurece el acceso a las pensiones: propone volver al criterio de “invalidez laboral” y excluir a todo aquel que registre un empleo formal. También modifica el nomenclador de prestaciones y deja los valores sujetos a la negociación entre prestadores y obras sociales y prepagas, un cambio resistido por sectores vinculados a la discapacidad.

Con este escenario llegará la oposición a la sesión. Antes deberá resolver cuáles de los más de 50 proyectos sobre endeudamiento priorizará, ya que los emplazamientos deben establecer iniciativas, comisiones y plazos concretos. Los sectores más pragmáticos pretenden concentrarse en propuestas sin costo fiscal, para evitar que el Gobierno vuelva a encuadrar la discusión en los “degenerados fiscales”.

La puesta en común será entre este lunes y el martes, en la previa de la sesión. Allí los bloques críticos terminarán de ajustar las voluntades necesarias para abrir el recinto y definirán qué proyectos priorizarán. Del otro lado, el oficialismo fatigará los teléfonos para torcer voluntades y hacer caer la sesión.