La parálisis de la Legislatura bonaerense traba proyectos de Kicillof y la oposición

La Legislatura de Buenos Aires permanece paralizada y bloquea tanto los proyectos prioritarios del gobernador Axel Kicillof como las iniciativas de los bloques opositores. Las cámaras no han conformado las comisiones de trabajo ni han iniciado sesiones ordinarias, a pesar de que el período legislativo comenzó el 2 de marzo.

Desde el oficialismo provincial, uno de los proyectos estancados es la ley de producción pública de medicamentos, que Kicillof presentó como esencial para "reducir costos y garantizar el acceso en toda la provincia". También aguarda tratamiento el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Pública y cambios en el régimen del personal policial.

En lo que va del año, Diputados realizó solo dos sesiones: una extraordinaria el 24 de febrero (para crear la Comisión de Juegos de Azar) y una especial el 18 de marzo (conmemoración del Día de la Memoria). El Senado también efectuó dos: una preparatoria el 27 de febrero para elegir autoridades, y otra especial el 26 de marzo por los 50 años del golpe militar. Ninguna de estas permitió avanzar en la conformación de las comisiones donde deben estudiarse los proyectos antes del debate en el recinto.

La disputa interna del peronismo entre Kicillof y Cristina Kirchner es señalada como uno de los principales escollos. "La Legislatura está manejada por un sector que eligió jugar a ser oposición. Entraron en una lógica dañina", reprochó una fuente del gobierno provincial sobre la falta de actividad.

En el lado opositor, los bloques están bloqueados en iniciativas transversales. La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical y PRO impulsan cambios electorales, especialmente la implementación de la boleta única de papel, que LLA presentó en Senado a principios de abril (reiterando un proyecto de 2024). El radicalismo, mientras tanto, tiene frenado el proyecto de autarquía financiera para la obra social IOMA presentado por el diputado Diego Garciarena.

El senador Matías De Urraza, de LLA, tiene paralizado un conjunto de proyectos sobre reducción impositiva y modernización del Estado, entre ellos la derogación de la ley que declara la actividad audiovisual como actividad de interés público y la disolución del Fondo Fiduciario del Programa de Seguridad Vial provincial.

Un factor urgente es la reforma al Código Penal aprobada en febrero, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. La norma ordena que las provincias modifiquen sus códigos procesales en 180 días. Fuentes de PRO en la Legislatura advierten que el plazo vence en mayo y la conformación de comisiones es ineludible. "Ese mes se tendría que resolver sí o sí", señalaron.

Los presupuestos asignados subrayan la magnitud de la estructura legislativa: $222.800.000.000 para Diputados y $156.204.115.970 para Senadores en 2024. Mientras tanto, expedientes sobre acceso a información pública, modificaciones judiciales y cambios electorales aguardan en la cola sin avances concretos.