Los desafíos estructurales de la Argentina para pasar de la estabilidad al crecimiento

En el Congreso del IAEF celebrado en Iguazú, el eje del debate fue cómo transitar de la estabilidad macroeconómica hacia un crecimiento sostenido. Los especialistas coincidieron en que la estabilidad es necesaria pero no suficiente, y que el país enfrenta deudas estructurales que condicionan su desarrollo.

La inflación, lejos de estimular la economía, distorsiona los precios relativos y desalienta la inversión. La evidencia internacional muestra que los países que crecen de forma sostenida lo hacen gracias a la acumulación de capital y a mejoras en la productividad, dos áreas en las que la Argentina muestra un marcado rezago.

En 2023, la inversión se encontraba en niveles mínimos y la productividad permanecía estancada respecto de hace dos décadas. La desregulación y la apertura económica aparecen como motores necesarios, aunque la transición no está exenta de costos. Un tipo de cambio real más competitivo y una acumulación de reservas más temprana podrían haber suavizado el ajuste.

Desde fines de 2023, las exportaciones crecieron, pero la inversión es la variable con peor desempeño. La caída de la obra pública afectó a la construcción, y las privatizaciones no pueden reemplazar por completo la inversión estatal. En maquinaria y equipo, la debilidad responde primero al adelanto de compras y luego a la incertidumbre política: los inversores esperan señales claras sobre la continuidad del programa económico más allá de 2028.

La principal alternativa política no parece haber asumido el fracaso del período 2020-2023, que terminó con inflación de dos dígitos y estancamiento. En cambio, se insiste con propuestas como expropiaciones o el uso del Banco Central como caja política. Si los pilares fiscales y monetarios se consolidan después de 2027, la Argentina podría reducir su riesgo país a niveles regionales, lo que reactivaría la inversión privada.

Pero para un crecimiento elevado y sostenible, se necesitan resolver deudas en educación, infraestructura, informalidad laboral e innovación. El rol de la política industrial debe orientarse a la competencia internacional y a la innovación, como sugieren organismos como el FMI y el Banco Mundial. En la gestión actual, el RIGI y la desregulación sectorial son las herramientas elegidas, aunque algunos de sus incentivos resultan cuestionables por su generosidad.