Salud

Los medicamentos en Argentina cuestan hasta 7 veces más que en Europa, según un relevamiento

Un estudio comparó precios de seis drogas de venta masiva en Barcelona y Luxemburgo y halló diferencias de hasta siete veces respecto de la Argentina.

Redacción••3 min de lectura
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El inaceptable precio de los medicamentos en la Argentina

Los precios de los medicamentos en la Argentina son entre 2 y 7 veces superiores a los que se cobran en Barcelona y en Luxemburgo, según un relevamiento sobre seis de las drogas más vendidas en el país. La comparación abarcó fármacos para el hipotiroidismo, la diabetes, la hipertensión y la ansiedad, y arrojó diferencias que se profundizan cuando se cruzan con el nivel de ingresos de cada población.

El caso más elocuente es el de la levotiroxina, usada para tratar el hipotiroidismo. En la Argentina, un envase de 50 comprimidos de 75 microgramos cuesta 21.350 pesos al 13 de agosto. En Barcelona, 100 comprimidos de la misma droga se venden a 4 euros, equivalentes a unos 7.000 pesos, y en Luxemburgo a 3,36 euros, cerca de 5.880 pesos. Es decir, el doble de comprimidos a una fracción del precio.

La brecha no se explica solo por el valor de góndola. Aun con el descuento de una prepaga, que suele cubrir el 40%, un paciente argentino termina pagando más que un europeo sin cobertura. Si un medicamento cuesta 400 pesos en el país y 100 en España o Luxemburgo, el afiliado local paga 240 pesos, mientras que el residente europeo desembolsa 100. La diferencia se agrava porque el salario medio bruto en Barcelona es dos veces mayor que el argentino y en Luxemburgo, seis veces mayor.

El impacto sobre el bolsillo es estructural. El gasto en medicamentos representa el 25% del gasto total en salud en la Argentina. Los financiadores privados admiten que los fármacos explican entre el 35% y el 50% de su costo cuando se suman atención ambulatoria, internación y medicamentos de alto precio. El economista de la salud Martín Morgenstern sostuvo que, si se considera el gasto de bolsillo, los medicamentos podrían llegar al 52% del gasto sanitario. "Los países con mejores sistemas de salud son los que menos gastan en medicamentos", afirmó, y citó el caso de Dinamarca, que destina el 6,2% de su gasto sanitario a fármacos.

El problema excede a la gestión actual. Ya en 1964, durante el gobierno de Arturo Illia, la Ley Oñativia intentó modificar el mercado sin éxito por la resistencia que generó. En 2002 se legisló sobre genéricos para que el médico recetara por principio activo y el farmacéutico pudiera ofrecer alternativas de precio. El DNU 70/2023 prohibió sugerir marcas comerciales, pero el Decreto 63/2024 volvió a habilitarlas ante dudas sobre la bioequivalencia de los productos alternativos.

Otros países regulan. En Alemania lo hace la agencia IQWIG; en Francia, el comité económico de productos de salud negocia los precios; en el Reino Unido, el Ministerio de Salud y la industria acuerdan mediante el esquema PPRS. Hasta en Estados Unidos el tema escaló: el 12 de mayo de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que obliga a la industria a aplicar en ese país el menor precio que cobra en otros mercados desarrollados.

Los especialistas enumeran salidas posibles: tomar como referencia los precios internacionales, como hacen Brasil, Colombia y Ecuador; promover un mercado de genéricos de calidad; y organizar compras centralizadas a cargo de los financiadores. Federico Tobar, especialista en políticas de salud, lo resumió con crudeza: "Incluso con producción farmacéutica nacional y sin respetar patentes, pagamos los precios más altos".

Por qué importa

El sobreprecio golpea directo al paciente: paga más de su bolsillo, afronta cuotas más altas o abandona tratamientos crónicos. Con un gasto en salud que equivale al 10% del PBI, la regulación de precios sigue pendiente y afecta a millones de personas con enfermedades crónicas.

Qué sigue

Queda por ver si el Gobierno avanza con algún esquema de referencia internacional de precios o compras centralizadas, y cómo se reglamenta en la práctica la prescripción por marca tras el Decreto 63/2024. El debate por la Ley Oñativia sigue abierto más de 60 años después.

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