Más de 200 terratenientes de Texas demandan a Trump por el muro en Big Bend

Un grupo de más de 200 propietarios de tierras del oeste de Texas presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para detener la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend. Los querellantes, representados por la organización Conserve Big Bend, sostienen que el gobierno federal abusó de su autoridad al calificar la zona como área de alta entrada ilegal.

La acción judicial fue radicada en Washington, D.C. y cuenta con otros seis demandantes además de la coalición, que nuclea a unos 230 dueños de campos en los condados de Hudspeth, Brewster, Presidio y Val Verde. El objetivo es frenar de forma definitiva la edificación de muros, barreras y carreteras sobre terrenos privados.

La construcción del muro es uno de los ejes de la política migratoria de Trump desde que asumió en enero de 2025. Su plan de ampliar las barreras fronterizas acumuló obstáculos en distintos tramos y sumó una nueva intervención judicial con esta presentación.

El documento cuestiona que el gobierno haya designado de manera indebida la frontera texana como zona de “alto índice de entrada ilegal”. Según los demandantes, esa calificación permitió invocar un “poder extraordinario” para avanzar sobre propiedades particulares.

Los datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contradicen esa caracterización. Durante el año fiscal 2025, el sector Big Bend registró 3096 aprehensiones, equivalentes al 1,3% del total de la frontera suroeste y la cifra más baja entre los nueve sectores. En los últimos cinco años representó en promedio el 1,16% de los arrestos, el menor número de detenciones cada año.

La acción judicial se anunció durante una conferencia de prensa precedida por protestas frente al tribunal del condado de Presidio, en Marfa, Texas. Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “No se metan con Big Bend” y “Propietarios de tierras contra el muro fronterizo”.

“Hablamos muy alto cuando nuestra frontera estaba siendo invadida. Y como votante de Trump en dos ocasiones, sé que la frontera es segura. Gracias, gracias, presidente Trump. Ha asegurado la frontera, pero ahora déjela en paz”, dijo Laura Allen, ganadera del condado de Val Verde y exjueza del mismo condado.

De acuerdo con la demanda, los miembros de la coalición recibieron notificaciones por escrito de la CBP que indicaban que sus terrenos eran potencialmente necesarios para el proyecto. David Keller, arqueólogo regional, integrante de la junta de Conserve Big Bend y dueño de una finca de diez acres en el condado de Presidio, expresó su preocupación por perder el acceso al río Grande, además de los impactos en el riego y la posibilidad de que la construcción deje su tierra inutilizable.

“Presentamos este desafío porque para nosotros Big Bend no es un lugar vacío en un mapa. Es nuestro hogar”, comentó Keller. Joaquín Peña, miembro de una familia que durante décadas cultivó la tierra en la zona, calificó la posible construcción como “una amenaza inminente” y alertó por el impacto en la población local. “La agricultura es el pilar de nuestra comunidad, y ahora nos dicen que tenemos que ceder nuestras tierras por una amenaza que ni siquiera existe”, lamentó.

Un mes antes de la demanda, la administración Trump había suspendido de forma temporal la construcción y los trabajos de topografía en el Parque Nacional Big Bend para que el director de la CBP, Rodney Scott, realizara una evaluación personal sobre el terreno. En ese momento, Scott afirmó en redes sociales que la agencia estaba “firmemente comprometida con la protección de América”, incluidos “nuestros tesoros nacionales como el Parque Nacional Big Bend”.