Megaoperativo en Córdoba: 57 allanamientos y 12 detenidos por venta y alquiler de armas por redes

Un megaoperativo en Córdoba terminó con 57 allanamientos, 12 detenidos mayores de edad y el secuestro de más de 50 pistolas, revólveres, escopetas y fusiles de distintos calibres, además de dos proyectiles de mortero y municiones varias. Los procedimientos fueron autorizados por la fiscal María Celeste Blasco y se realizaron en la ciudad capital y en Villa Dolores, Carlos Paz y Deán Funes.

La investigación se extendió por unos ocho meses y permitió detectar que las armas se comercializaban y alquilaban a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Entre el material incautado también apareció pólvora para la recarga de proyectiles.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó que el origen del caso se remonta a un procedimiento impulsado por el Registro Nacional de Armas en el que se secuestraron teléfonos celulares. "El análisis de esos dispositivos permitió abrir otra línea investigativa y detectar contactos y movimientos relacionados con la oferta ilegal de armas", sostuvo.

A partir de esa pista intervino personal especializado en ciberdelito y se desplegaron tareas de ciberpatrullaje para seguir las publicaciones y conversaciones donde se ofrecían armas para la venta o en alquiler.

"No hay armas de contrabando, pero sí compradas en el circuito ilegal, que no tienen trazabilidad", afirmó Quinteros. A partir de un convenio firmado entre la provincia y el Renar, Córdoba puede reconstruir el recorrido de un arma y determinar quién la adquirió originalmente, aunque el seguimiento se complica cuando aparecen transferencias irregulares o denuncias de robos.

El ministro graficó con un caso reciente: fue allanada la casa de una persona que tenía 15 armas. Algunas estaban correctamente registradas, pero otras no, e incluso había una con la numeración limada. "Si le entran a robar, se las llevan e ingresan al circuito negro; la persona está detenida y, con ese antecedente, no puede tener más armas de forma legítima", detalló.

En el Consejo de Seguridad Interior el tema de la cantidad de armas en circulación preocupa. Quinteros es uno de los impulsores del proyecto de desarme voluntario que se encuentra en el Senado. "En Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y la Capital Federal tenemos problemas graves por la cantidad de armas. Esta iniciativa puede empujar a las familias a entregar armas a cambio de dinero. Por supuesto que no lo harán los delincuentes, pero sí saldrían de circulación las otras que ellos terminan robando", remarcó.

Un documento de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (Ufiarm), del Ministerio Público Fiscal de la Nación, advierte que una de las modalidades más habituales para el origen de las armas es utilizar a personas habilitadas como punto de ingreso al circuito. El informe incluye la categoría de "testaferros de armas de fuego".

Ese mecanismo da lugar a lo que la Ufiarm define como un "lavado de legalidad": el arma aparece formalmente registrada a nombre de un legítimo usuario, aunque en la práctica ya entró al circuito ilegal. El documento también señala que, en determinadas maniobras, las denuncias por robos pueden usarse para justificar ante el Estado la desaparición de armas que nunca estuvieron en poder del titular registral.

En Córdoba existe un antecedente directo. En 2015 se detectó el robo de 72 pistolas Bersa Thunder calibre 9 milímetros del depósito de armamento de la Jefatura de Policía. La investigación judicial estableció que fueron extraídas clandestinamente de la División Armamento para ser vendidas. Algunas aparecieron en poder de delincuentes: en 2020 fue localizada una pistola de ese lote durante un allanamiento y otra se utilizó en un tiroteo en el barrio Nueva Córdoba en el que murió el policía Franco Ferraro, en 2018. No todas fueron recuperadas.

También el expolicía Horacio Antonio Grasso, condenado en 2009 a 27 años de prisión por el homicidio del niño Facundo Novillo Cancinos y ahora imputado por el femicidio de una joven cuando gozaba de prisión domiciliaria, era conocido como "el armero". Mientras cumplía ese beneficio ofrecía, de manera ilegal, servicios de limpieza y reparación de armas a través de Facebook.