El DHS reabre la deportación de una residente mexicana con green card en Arizona

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) logró reabrir el procedimiento de deportación contra una residente permanente legal de nacionalidad mexicana detenida en la frontera de Nogales, Arizona, después de que una instancia de apelación cuestionara la evaluación de su testimonio. La mujer había sido frenada en un control migratorio con 94 kilogramos de metanfetamina ocultos en su vehículo y casi US$8.000 en efectivo.

La decisión quedó en manos de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que revocó la terminación del caso dispuesta por un juez migratorio y consideró que las pruebas reunidas justificaban mantener el proceso de expulsión. El fallo se centró en un punto: si existían elementos suficientes para sostener que la mujer conocía la presencia de los estupefacientes en el auto.

El episodio ocurrió el 22 de junio de 2025, cuando la residente regresaba de México a Estados Unidos por el puerto de entrada de Nogales acompañada de sus tres hijos. Durante una inspección secundaria, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron 193 paquetes con metanfetamina distribuidos entre las cuatro puertas y los paneles traseros del vehículo.

En el auto también encontraron US$7.886 y 8.740 pesos mexicanos. La droga y el dinero pasaron a integrar las pruebas del proceso migratorio, en el que el DHS debía demostrar que existían fundamentos legales para considerar inadmisible a la residente al regresar al país.

La mujer negó saber que transportaba drogas y afirmó que había prestado el auto a una amiga mientras realizaba actividades personales en México. Su defensa sostuvo que fue utilizada como una mula ciega, la figura que describe a quien traslada narcóticos sin conocer su presencia.

El juez de inmigración había aceptado esa versión y el 1° de octubre de 2025 resolvió terminar el procedimiento al considerar que el DHS no había probado que la mujer conociera la existencia de la droga. Al revisar el expediente, la BIA identificó diferencias entre las declaraciones que la residente ofreció sobre el uso del vehículo durante su estadía en México.

En una primera explicación, la mujer indicó que había dejado el auto durante ocho horas para un servicio de limpieza detallada. Después afirmó que se lo había prestado a una amiga durante unas cuatro horas y media para comprar provisiones, mientras ella asistía a una cita cosmética. También describió otra versión vinculada con un lavado de autos y un período de seis horas. Para la junta, esas diferencias no quedaron aclaradas de manera convincente.

La explicación sobre el dinero también fue cuestionada. La residente lo había relacionado inicialmente con actividades laborales y la venta de tamales, pero después presentó un recibo que atribuía los fondos a la venta de un camión por parte de su pareja. Según la evaluación de la BIA, la documentación no permitía confirmar esa explicación.

Además, la junta señaló que la mujer evitó responder directamente algunas preguntas sobre su conocimiento de los narcóticos y que había reconocido vínculos de personas de su entorno con el tráfico de drogas.

La decisión se apoyó en disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). En determinadas circunstancias, un residente permanente que regresa de un viaje al exterior puede ser considerado solicitante de admisión si se cumplen las condiciones previstas por la normativa, entre ellas ciertos supuestos de actividades ilegales realizadas después de salir del país.

La sección 212(a)(2)(C)(i) contempla la inadmisibilidad cuando existen motivos fundados para creer que una persona participó de manera consciente en el tráfico ilícito de sustancias controladas. Ese criterio no exige una condena penal previa ni una confesión, sino pruebas que permitan establecer la existencia de esos motivos conforme al estándar legal aplicable.

En este caso, la BIA consideró que el volumen de metanfetamina, el dinero en efectivo y las inconsistencias del relato constituían elementos relevantes para evaluar si la mujer conocía la actividad ilícita. La resolución permite que el caso siga adelante, aunque no equivale por sí misma a una orden de deportación.

El caso se suma a un contexto de endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos, que también alcanza a trámites vinculados con la residencia permanente, como los plazos del formulario I-90 y las políticas que endurecen el acceso a la green card en EE.UU.