Nueva ley en Texas: fabricantes deberán facilitar repuestos y manuales para celulares y computadoras

Desde el 1° de septiembre, los consumidores de Texas que compren un celular, una laptop, una tableta o una computadora de escritorio contarán con un nuevo derecho vinculado a la reparación de sus dispositivos. La medida, establecida por la ley HB 2963, no impone obligaciones a los compradores, sino a los fabricantes.

La normativa exige que las empresas pongan a disposición de los propietarios y de los talleres independientes los repuestos, las herramientas y la documentación técnica necesarios para diagnosticar y arreglar los equipos. La disponibilidad de estos recursos no podrá condicionarse a que el solicitante pertenezca a una red autorizada de reparación.

Los manuales, diagramas y códigos de servicio deberán ofrecerse sin costo en formato digital. Si el usuario solicita una copia física, el fabricante podrá cobrar únicamente los gastos razonables de preparación y envío. Las herramientas, ya sean físicas o digitales, deberán entregarse de forma gratuita o a un precio equivalente al menor costo que la empresa ofrezca a sus proveedores autorizados, considerando descuentos y otros incentivos.

Las piezas, por su parte, deberán comercializarse bajo condiciones similares a las que reciben los servicios técnicos oficiales. El requisito alcanza a los productos que contengan componentes electrónicos digitales y cuyo precio mayorista sea de al menos US$50. La ley no es retroactiva: se aplica a los equipos que los fabricantes pongan a la venta en Texas desde el 1° de septiembre.

La HB 2963 contempla exclusiones. Los fabricantes no estarán obligados a revelar secretos comerciales, salvo que sea imprescindible para efectuar una reparación. Tampoco deberán proporcionar herramientas destinadas a desactivar mecanismos de seguridad o sistemas antirrobo sin la autorización del propietario.

En cuanto a los plazos, las empresas tendrán un máximo de un año después de la primera venta del producto en Texas para habilitar el acceso a la documentación, las piezas y las herramientas. El cumplimiento de la norma estará a cargo del fiscal general de Texas. La ley no permite que un consumidor o un taller presente directamente una demanda contra el fabricante por una infracción.

Si se detecta un incumplimiento, el fiscal general deberá enviar una notificación escrita con al menos 30 días de anticipación antes de iniciar una acción judicial. Durante ese período, la empresa podrá corregir la situación. Si lo hace y entrega una declaración escrita confirmando las medidas adoptadas, no podrá iniciarse un juicio por esa falta.

En caso de que el fabricante no realice la corrección en el plazo establecido, la infracción podrá ser considerada una práctica comercial engañosa según el Código de Comercio y Negocios de Texas. El fiscal general podrá solicitar a los tribunales una orden para impedir que continúe la conducta y reclamar los honorarios de abogados y otros gastos derivados de la investigación.