Nuevo protocolo en escuelas porteñas por delitos de menores desde los 14 años

La Ciudad de Buenos Aires puso en vigencia una actualización del procedimiento para los establecimientos educativos ante situaciones con posible relevancia penal que involucren a estudiantes desde los 14 años. La medida se enmarca en la implementación del Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley Nacional 27.801, que fijó la responsabilidad penal a partir de esa edad.

La normativa fue aprobada por una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad porteños junto con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El documento, publicado el viernes pasado, incluye dos anexos: los “Lineamientos Generales sobre el Impacto del Régimen Penal Juvenil en el Ámbito Educativo” y el “Procedimiento de Actuación en el Ámbito Educativo ante Hechos con Posible Relevancia Penal”.

El protocolo alcanza a todos los establecimientos de gestión estatal y privada dependientes o supervisados por el Ministerio de Educación de la Ciudad, además de otras propuestas educativas y socioeducativas bajo su órbita.

Uno de los puntos centrales delimita las responsabilidades de las instituciones. Las escuelas deben acompañar, proteger, comunicar y activar los canales correspondientes, pero no investigar ni determinar si existió un delito ni quién resulta responsable. Esa tarea queda reservada a las autoridades judiciales competentes.

La normativa establece que cuando una autoridad institucional tome conocimiento de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, dentro o fuera del horario y ámbito escolar, deberá realizar la denuncia correspondiente. El texto aclara que no corresponde a la escuela calificar jurídicamente los hechos ni llevar adelante una investigación propia.

El nuevo régimen también modifica la edad alcanzada por la responsabilidad penal juvenil. Desde los 14 años, los delitos previstos en el Código Penal y en leyes especiales pueden quedar comprendidos en el sistema penal juvenil. La resolución señala que ya no existen exclusiones vinculadas al tipo de delito o a la pena prevista, como ocurría antes de la norma aprobada en marzo por el Congreso de la Nación.

Situaciones urgentes

La resolución regula los procedimientos frente a situaciones urgentes o de riesgo inminente. Entre ellas incluye la presencia o sospecha fundada de armas, hechos de violencia en curso o cualquier circunstancia que comprometa la integridad física de estudiantes, docentes o terceros. En esos casos, las autoridades escolares pueden requerir la intervención inmediata del sistema de emergencias y de la Policía de la Ciudad.

Sobre la presencia policial dentro de los establecimientos, el documento establece que podrá producirse por requerimiento de la escuela ante una emergencia, por orden judicial o por la existencia de una situación de riesgo actual. También dispone criterios para minimizar la exposición de niños y adolescentes y respetar sus derechos.

En paralelo, el protocolo insiste en que la intervención judicial o la existencia de un proceso penal no deben interrumpir las trayectorias educativas. El texto señala que la continuidad escolar debe garantizarse y que los antecedentes vinculados con el Régimen Penal Juvenil no pueden constituir un impedimento para acceder, permanecer o reingresar al sistema educativo.

La resolución prevé la articulación entre las escuelas, la Justicia, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otros organismos estatales cuando las situaciones así lo requieran. El objetivo declarado es establecer pautas comunes de actuación frente a hechos con posibles consecuencias penales y, al mismo tiempo, preservar el rol educativo de las instituciones.

Según los fundamentos de la medida, la intención es adecuar el funcionamiento del sistema educativo al nuevo escenario abierto por la vigencia del Régimen Penal Juvenil y brindar a directivos, docentes y supervisores herramientas para intervenir frente a situaciones complejas que involucren a adolescentes alcanzados por la nueva normativa.