Poder Ciudadano alertó por la falta de políticas anticorrupción en la Argentina
En su cena anual, la entidad advirtió que el país "pareciera que buscamos ampliar la impunidad" y ubicó a la Argentina en el peor índice de corrupción en diez años.

La organización Poder Ciudadano advirtió este martes sobre la falta de políticas anticorrupción en la Argentina y sostuvo que en el país "pareciera que buscamos ampliar la impunidad". Lo hizo durante su cena anual, realizada ante más de 800 personas en el Hotel Sheraton, bajo el lema "las instituciones importan".
El presidente de la entidad, Martín D'Alessandro, fue el encargado del discurso central. Allí cuestionó iniciativas oficiales como la "inocencia fiscal", los cambios en la ley de financiamiento de los partidos políticos y los decretos que limitan el acceso a la información y la participación ciudadana en la designación de jueces.
"En nuestro país la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica. En las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía", aseguró D'Alessandro ante los comensales. Y remarcó que "la Argentina parece ir en la dirección contraria": "En los últimos años no solo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad".
El titular de Poder Ciudadano mencionó los proyectos para reducir la cantidad de juzgados federales de Comodoro Py, que son los que investigan a los funcionarios, y denunció que el proyecto de "inocencia fiscal", aprobado este año por el Congreso, habilitaba en su versión original que los funcionarios blanquearan dinero no declarado sin dar explicaciones.
También apuntó contra la reforma política, que a su criterio "libera los topes a las donaciones de campaña y permite campañas paralelas sin controles", y sumó a la lista "el aumento exponencial del gasto en agencias de inteligencia sin ninguna rendición de cuentas".
D'Alessandro describió el escenario como un espectáculo inédito "por su combinación de arrogancia y tosudez, de tragedia y de comedia". No dio nombres, pero el contexto remite a las investigaciones en marcha contra el exjefe de gabinete Manuel Adorni, sospechado por sus bienes, y las compras con sobreprecios de medicamentos y prótesis en la Agencia Nacional de Discapacidad, que mantienen procesado a su extitular Diego Spagnuolo.
El presidente de Poder Ciudadano llevó el problema al terreno económico. Recordó que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional coloca a la Argentina en el puesto 104 entre 182 países, con 36 puntos sobre 100, el peor resultado de los últimos diez años y la confirmación de una caída que ya lleva seis años.
"Este índice es el más consultado por los inversores globales sobre la integridad de las naciones, y para un país que pretende mejorar su imagen internacional y atraer inversiones, este mal desempeño debiera generar alguna inquietud y alguna respuesta", afirmó. Además, citó el último informe de la OCDE, según el cual la Argentina cayó al último lugar de la región en recepción de inversión extranjera.
"No parece casual", dijo D'Alessandro, y recordó que la corrupción provoca una pérdida de entre el 8 y el 10% del PBI por año, por lo que combatirla "podría resultar muy rentable".
El discurso también rechazó la idea de que la corrupción desaparecerá con el achicamiento del Estado. Admitió que el exceso de regulaciones puede alimentarla, pero sostuvo que la desregulación sin criterio abre otras oportunidades. Recordó que al amparo de una desregulación para la importación de autos de lujo de alta gama, Poder Ciudadano denunció y se descubrió una maniobra de contrabando.
Del evento participaron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg; el procurador bonaerense Julio Conte Grand; los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Daniel Rafecas y Sebastián Casanello; y los magistrados de Casación Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Daniel Petrone. También estuvieron los fiscales Eduardo Taiano, Mario Villar y Claudio Navas Rial, y los jueces que condenaron a Cristina Kirchner, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, junto con los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola.
Entre los dirigentes políticos se vieron Laura Alonso, Hernán Lacunza, Ernesto Sanz, Alfonso Prat Gay, Sebastián Pareja, Sebastián Galmarini y Margarita Stolbizer. También asistió el diputado Luis Petri con su pareja, la periodista Cristina Pérez.
Poder Ciudadano reconoció como "aliado en la lucha contra la corrupción" al procurador general Eduardo Casal, quien no pudo asistir porque estaba en Perú y envió un video de agradecimiento. Hugo Wortman Jofré recordó que Casal fue un "socio estratégico" en esa tarea. El procurador está al frente del organismo desde hace diez años, cuando sucedió a Alejandra Gils Carbó.
Por qué importa
La advertencia llega en un contexto de investigaciones contra funcionarios y de caída de la inversión extranjera. El propio organismo vincula la corrupción con una pérdida de entre el 8 y el 10% del PBI anual, por lo que el tema impacta directo en la economía y en la imagen del país ante los inversores.
Qué sigue
Queda por ver si el Gobierno responde a las críticas y qué ocurre con los proyectos cuestionados, como la reducción de juzgados federales de Comodoro Py y la reforma política. También resta la definición del juicio oral contra Alejandra Gils Carbó.
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